Bolivia no logra mejorar su imagen a nivel mundial. El estudio realizado por World Justice Project (WJP) ubica al país en los últimos lugares en el ranking sobre el Estado de Derecho y sólo está por encima de Venezuela, Haití y Nicaragua. La falta de libertad económica, la corrupción y democracia pesaron en la puntuación.
Según un estudio realizado por World Justice Project, organismo que hizo un ranking internacional con los países con mayor y menor Estado de Derecho en todo el mundo, el primer lugar de la clasificación lo obtuvo Dinamarca, con una puntuación de 0,90, seguido de Noruega (0,89) y Finlandia (0,87).
Los mejores ubicados del continente americano están Canadá (0,80), Uruguay (0,72), EUA (0,70) y Chile (0,66), ubicándose entre los 30 países con mayor/mejor Estado de Derecho del mundo, de un ranking de 142 naciones.
“En el último lugar del mundo, algo que no es sorpresa, está ocupado por Venezuela con 0,26 de puntuación. No es coincidencia que en estos últimos puestos haya más países de la región como Haití (0,34), Nicaragua (0,35) y Bolivia (0,37)”, señaló el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
“Es decir, nuestro país ocupa el 2do. lugar con menos Estado de Derecho de Sudamérica y el 4to. de Latinoamérica y el Caribe, ocupando un puesto 131 de 142 países rankeados”, apuntó.
Esa calificación tiene una relación directa con malos puntajes obtenidos por Bolivia en temas de libertad económica, corrupción y democracia el año 2023. Lo cual tiene que llevar no solo a una reflexión por parte de las autoridades públicas, sino a la toma de acciones para revertir esta situación y se mejore la vida, libertades, el derecho de sus habitantes y del mismo estado boliviano.
Los empresarios siempre van reclamando respeto al Estado de Derecho, pues cada vez eran víctimas de avasallamientos, de bloqueos y paros, que afectaban su actividad económica diaria y generaba pérdidas económicas y de mercados.
En febrero se reunieron los empresarios y el Gobierno, acordaron 10 puntos para encarar la falta de dólares, así como generar las condiciones para que ingresen al país más divisas.
Sin embargo, a pesar de que el Gobierno dijo que el cumplimiento del compromiso está en marcha, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su titular Giovanni Ortuño, indicó que el compromiso enfrenta serias dificultades en su aplicación.
Derecho
Como se recordará, en enero de 2023, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo; el presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Fernando Hurtado, y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, emitieron un pronunciamiento conjunto a través de un video difundido por redes sociales y medios de comunicación, en el aseguraron que los empresarios y productores cruceños defenderán el Estado de Derecho vulnerado por el gobierno de Luis Arce con el apresamiento del gobernador Luis Fernando Camacho y la represión policial a la población.
“Un país prospera donde reina el Estado de Derecho, donde las garantías consagradas en la Constitución y la ley son respetadas estrictamente, sobre todo, por las autoridades nacionales. No nos van a regalar el Estado de Derecho. Se defiende cada vez que está amenazado”, afirmó Antelo en el video, en el que aparecen los tres dando una señal de unidad de los empresarios y productores de Santa Cruz en un momento de nueva crisis política en el departamento.
Ese pronunciamiento fue provocado por las arremetidas del Gobierno, marcadas por la represión a ciudadanos cruceños y bloqueos de rutas en el departamento por la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, los empresarios de todos los sectores productivos enfatizaron que defenderán el Estado de Derecho y seguirán produciendo a pesar de las regulaciones y prohibiciones que implementan las autoridades nacionales.
Por otra parte, Bolivia está casi en todos los rankings con puntuaciones bajas, como en Libertad Económica, debido a la política estatal que implementó el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que no permite la incursión de empresas privadas en sectores donde opera, como el aéreo.