La audiencia cautelar de diez acusados en la reciente investigación por la supuesta red internacional de ciberextorsión fue suspendida para este sábado debido a que el ciudadano chino no tendría un intérprete como establece la Ley, informó ayer un funcionario de la Fiscalía.
“Hay un ciudadano (chino) quien tiene derecho a un intérprete conforme lo establece la ley”, manifestó ayer uno de los fiscales a cargo de la investigación a la red Unitel, luego de suspenderse la audiencia cautelar del caso ciberextorsión.
El pasado miércoles se efectuó un operativo por la fuerza anticrimen en un edificio de la capital cruceña, en el que se arrestó a 130 personas, quienes presuntamente operaban ilícitamente en una red de ciberestafa y ciberextorsión, bajo la fachada de una empresa legalmente establecida que funcionaba incluso con Número de Identificación Tributaria (NIT).
De ellos, diez personas fueron aprehendidas y formalmente imputadas por dos delitos, entre ellos cinco bolivianos y cinco extranjeros. Un ciudadano chino fue sindicado como el supuesto cabecilla. Asimismo, una joven mujer de 19 años, aparentemente sin profesión, sostuvo tener el 50% de las acciones de la empresa y fue detenida el jueves.
En ese entendido, la Fiscalía General solicitará 180 días de detención preventiva para los diez investigados por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con una nota de la red televisiva, el fiscal señaló que el Ministerio Público tiene los suficientes elementos de convicción para sostener la probabilidad de autoría en estos delitos. Como estrategia, se abstuvo de dar mayores detalles de la investigación, pero adelantó que saldrán a la luz luego de efectuarse la audiencia cautelar.
Inicialmente, se presumía que el caso se trataba de una red de ciberestafas. Sin embargo, a medida que la investigación avanzó, se explicó que la red operaba realizando “ciberextorsión”, pues exigían pagos a personas que supuestamente habrían contraído créditos, donde en caso de no honrar las deudas, las víctimas eran incluso amenazadas de muerte.
La Policía agregó que las víctimas eran ciudadanos de otros países como México, Perú y Chile. La Policía enfatizó que esta organización aparentaba su actividad criminal bajo la apariencia de operar como un call center (centro de llamadas).
Durante el operativo conjunto entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público en un edificio de la zona Equipetrol, en la capital cruceña, los trabajadores de la empresa levantaron las manos para evitar que pudieran borrar información crucial de sus computadoras.
LOS DIEZ APREHENDIDOS
Según informó el comandante nacional de la Policía, Álvaro Álvarez, señaló que el presunto líder de esta organización es de nacionalidad china, identificado como Lei Z., mientras que la supuesta accionista mayoritaria responde a Sofía R. V., de 19 años. El supuesto jefe de la organización y traductor del cabecilla es un ciudadano colombiano identificado como Miguel A. F.
Álvarez añadió que otros aprehendidos son Percy R. D., a cargo del “departamento” de recursos humanos, un área no solamente dedicada a captar personal sino a engañarlas, haciéndoles creer que era una empresa legalmente constituida que pedía incluso un certificado de antecedentes penales.
Le siguen Franco P. R. y Gianella M. L., ambos de nacionalidad peruana, dedicados al “proceso de control” de empleados nuevos y al cobro extorsivo de víctimas ecuatorianas, respectivamente. Otro de los acusados es Marcelo T. M. de nacionalidad boliviana, encargado de capacitar al personal recién contratado, señala el informe policial.
Finalmente, los otros dos sindicados son Luis F. S., encargado de los cobros extorsivos a México y Chile, y Fiorela S. V., a cargo de los estudios de mercado.