Ciberestafadores movían hasta Bs 400.000 por mes

Tras la determinación de un juez cautelar que dispuso la detención preventiva de ocho involucrados en la red de ciberestafadores desmantelada esta semana en la ciudad de Santa Cruz, las primeras investigaciones lograron establecer que esta organización, operada a través de una empresa fachada, movía hasta 400.000 bolivianos por mes.
“Se ha determinado la detención preventiva de ocho ciudadanos y aplicar medidas sustitutivas a otros dos. Los principales por ejemplo el ciudadano asiático, el colombiano, tres peruanos, entre otros, han sido merecedores de una detención preventiva”, informó el fiscal Cándido Blanco.
Otros dos de los imputados, que cumplían funciones de auxiliares de personal, un hombre y una mujer, se beneficiaron con medidas sustitutivas; es decir, deberán cumplir una detención domiciliaria, pagar una fianza y tendrán arraigo para que no salgan del país.
“El Ministerio Público ha mostrado de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría en los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito”, enfatizó el fiscal.
Develó además que, esta organización operaba bajo la identidad de una “empresa fachada” denominada “Legend Global” que se dedicada a ilícitos digitales y que tenía un capital en movimiento de Bs 70.000 en papeles, pero en realidad movían al mes más de Bs 400.000.
“El asiático que viene a ser de acuerdo a lo preestablecido en la organización el cabecilla de esta organización, seguida por colombiano y además de los ciudadanos peruanos. Se ha podido demostrar de que sí realizaban estas actividades ilícitas, entre ellos, está la intimidación la extorsión y demás”, explicó.
Los investigados son, el presunto jefe de la organización Lei Z. de nacionalidad China, los peruanos Gianella M. M. L., Luis A. F. S. y Franco R. R., además del colombiano Miguel A. F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R. D. y Fiorela S. V.
Según la relación de los hechos, el 29 de mayo de 2024, luego de una denuncia anónima, se conoció que personas de diferentes nacionalidades captaban a estudiantes y otras personas para trabajar en un Call Center que se encontraba en un edificio en inmediaciones del segundo anillo Av. San Martín, Santa Cruz, donde se realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas.
En el lugar se encontró a más de 100 personas organizadas en bloques denominados estaciones de trabajo desde donde realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto, cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones.