Luego de varios allanamientos realizados como parte de un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, la Policía desmanteló ayer a una nueva red organizada de cibercrimen que resultó en el arresto de 12 personas, de las cuales seis quedaron aprehendidas por disposición de la Fiscalía; dos de ellas son de nacionalidad venezolana.
Ayer se allanaron al menos cinco inmuebles en la capital cruceña, en operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía. Aunque los sujetos investigados, cuatro bolivianos y dos venezolanos, se abstuvieron de comparecer durante su declaración informativa policial, se dio a conocer que serán puestos ante un juez y enfrentarían la decisión de la autoridad en cuanto a su situación legal.
De acuerdo con fuentes oficiales, se les acusa de organización delictuosa y legitimación de ganancias y enriquecimiento ilícito, pues presuntamente se dedicaban a la elaboración de facturas a través de la modalidad de call center.
Por su lado, la fiscal asignada al caso, Mirtha Mejía, informó que luego de varios allanamientos a propiedades, se encontró evidencias que sugieren la participación de los sindicados en varios delitos. Se incautaron computadoras de Perú, aparentemente destinadas a facilitar la emisión fraudulenta de facturas desde la capital cruceña. Asimismo, se encontraron documentos y extractos bancarios que fueron sometidos a análisis como parte de las investigaciones.
El abogado de uno de los defendidos sostuvo que se acogió al derecho al silencio y que ignoraba si la actividad tenía fines ilegales. “(A mi defendido) lo acusan de legitimación de ganancias y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, ya que habrían sido sorprendidos elaborando facturas virtuales a través de un call center. Es inocente, no sabe la finalidad, si eral legal o ilegal elaborar facturas”, agregó.
MODUS OPERANDI
Mejía complementó que el modus operandi de la red internacional consistía en la distribución de equipos informáticos a través de redes sociales, que llegaban desde el país incaico con el software necesario para llevar a cabo la emisión dolosa de facturas.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó que la organización instalaba centros de llamadas donde realizaban una actividad denominada “aceleración”, consistente en captar a varias personas para generar estafas. La red entregaba facturas clonadas por servicios que nunca fueron ejecutados y por bienes que no eran entregados, mismas que estaban destinadas a ser directamente descargadas en el sistema de impuestos.
La autoridad detalló que se gestiona el contacto con autoridades peruanas para identificar las empresas que fueron utilizadas o cuya seguridad fue vulnerada para la actividad ilícita. No obstante, aclaró que esta organización criminal no guarda relación con la otra detectada la semana pasada en la misma ciudad, la cual se dedicaba a la ciberextorsión de personas de otros países.
Aguilera puntualizó que en esta nueva red había 40 personas contratadas con un sueldo de Bs 2.500 para realizar ofertas engañosas a través de la modalidad de llamadas telefónicas. Eventualmente, estos “operadores” eran inducidos a estafar a sus interlocutores de nacionalidad peruana.
Detalló que identificaron tres formas de estafa: la primera consistía en la venta de servicios que no cumplían la cantidad ni la calidad de lo ofertado; en la segunda, nunca entregaban el servicio o el producto; en la tercera, el beneficiario final sabe que nunca recibiría el producto, por lo que pagaba un porcentaje con un monto mayor para luego descargarla en el sistema de impuestos.
SEGUNDA RED
La proliferación en el país de redes internacionales de delitos informáticos se hace evidente, pues la anterior semana se encontró otra organización dedicada a la ciberextorsión con alcance transfronterizo en la misma capital cruceña.
Este hallazgo fue reportado luego de un allanamiento a una oficina entre el Segundo Anillo y avenida Busch, donde aprehendió a un total de diez personas. Del total de investigados, ocho fueron enviados con detención preventiva a Palmasola, mientras que otros dos recibieron medidas sustitutivas. (Santa Cruz, EL DIARIO y agencias)