Arce, entre promulgar ley 075 o mantener apoyo a prorrogados

Tras la sesión de plenaria del Parlamento, convocada y presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se aprobó una norma para cesar las funciones de magistrados “autoprorrogados”, asambleístas de oposición señalan que el presidente Luis Arce está en la obligación de promulgar las normativas sancionadas, o demostrará que trata de mantener el apoyo a los usurpadores del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ayer, desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, apuntó al titular del Senado y a fuerzas de oposición, en coordinación con el “evismo”, por supuestamente haber perpetrado un “golpe de Estado” a través de la sesión del pasado día jueves, anunciando próximas “acciones jurídicas” ante esta situación.
Para la diputada cruceña, María René Álvarez, es previsible que en los próximos días se oficialicen acciones del Ejecutivo para desconocer esta sesión y mantener en el Órgano Judicial a autoridades cuestionadas; sin embargo, sostuvo que el presidente debe cumplir con su deber constitucional y promulgar las normas sancionadas por la ALP, en este caso por más de dos tercios, de lo contrario, confirmaría su interés en mantener a jueces ilegales al frente del Órgano Judicial.
“El presidente Luis Arce debe promulgar las leyes que se aprobaron este jueves en la sesión de Asamblea Legislativa. No hacerlo significará que quiere continuar apoyando a los usurpadores del Órgano Judicial y del TCP”, dijo.
Asimismo, señaló que el Ejecutivo no puede continuar tratando de anular el trabajo del primer Órgano del Estado, ya que esta instancia se trata de una forma de “contrapeso” para equilibrar las fuerzas democráticas en el Estado boliviano.
Reiterando que no hay más tiempo que perder en el proceso de preselección para los comicios judiciales, Álvarez destacó que también se haya respaldado la continuidad de esta tarea en las Comisiones Mixtas, siendo esta una forma de defender la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. “Nuestra lucha es por la democracia y por recuperar la independencia en la administración de la justicia”, sostuvo.
Al respecto, el diputado por la agrupación Creemos, Erwin Bazán, lamentó que por más de cinco meses, el oficialismo se haya resistió a tratar una salida al tema de las judiciales, apelando a “forzados recursos”, todos orientados a hacer fracasar la preselección y todo el proceso en su conjunto.
De acuerdo con el procedimiento parlamentario, una vez remitidos los proyectos de ley al Órgano Ejecutivo, el presidente del Estado tiene 10 días para su respectiva promulgación, el posible incumplimiento de este plazo derivará en que el presidente del Senado tenga la obligación de ejecutar dicha tarea.
En este contexto, Bazán, aclaró que la séptima sesión de ALP realizada el jueves, fue cumplida con total legalidad. “Sabemos que el ‘arcismo’ va a seguir boicoteando, ojalá que no continúen protegiendo a los magistrados ilegalmente prorrogados. Lo hemos hecho por Bolivia y por la democracia. El pleno es el soberano de este hemiciclo, hecho está”, indicó Bazán.
Para el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana en Diputados, Enrique Urquidi, lo que debe destacarse de la sesión del jueves es que se alcanzaron consensos para devolver la institucionalidad al primer Órgano del Estado y ahora resta esperar a que el primer presidente Arce cumpla con la promulgación de la norma que cesa definitivamente a autoridades ilegales en cargos judiciales.
“Finalmente la institucionalidad se impuso al abuso y al atropello judicial, los autoprorrogados fueron cesados y a pesar del sabotaje la asamblea legislativa hizo su tarea, ahora está en manos del Presidente Arce reconducir la crisis o profundizarla”, agregó Urquidi.