En lo económico y político, Bolivia, a través de su historia, al igual que la mayor parte de los países de la región sudamericana, ha vivido en una suerte de péndulo entre los valores liberales y aquellos que promueven sociedades más reguladas por un Estado fuertemente intervencionista que privilegia el colectivo por encima del individuo.
Suele decirse que el primer mandamiento de la economía es que; como los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, urge economizar y que el primer mandamiento de la política es pasar por alto el mandamiento económico. Lo que ha primado durante este gobierno, además de la desinstitucionalización del Estado y la búsqueda de la consumación de una autocracia, ha sido el despilfarro de los recursos de todos, en nombre de un bien social, pero que mayormente ha alcanzado a una Nomenklatura.
Hace 17 años que el país vive gobernado por un modelo estatista que, siguiendo las acostumbradas políticas que lo constituyen, nuevamente, nos ha conducido hacia una crisis económica, no experimentada en 40 años aproximadamente.
Para infortunio de la mayoría, los primeros 8 años de un gobierno populista coincidieron con alzas históricas de los precios de las materias primas que permitieron el desbande del gasto público, que llegó incluso a ser utilizado en obras para promover la idolatría al caudillo cocalero o para financiar nuevas edificaciones ministeriales, congresales y presidenciales, gastos absolutamente prescindibles, sin ningún valor económico y con un alto costo social. No obstante, el populismo quiso transmitir, también de esta manera, que estaba refundando el país. ¡Qué fácil es decidir con la plata ajena! El repunte del crecimiento, los superávits fiscales y externos consecutivos, el crecimiento del stock de Reservas Internacionales Netas (RIN), la caída del desempleo, entre otros, fueron una resultante obvia del mayor dinamismo de la demanda mundial que nos resultó favorable. La pregunta es: cuán mejor hubiere podido ser nuestra situación bajo una administración del auge más responsable.
Los problemas generados por el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo comenzaron a advertirse a partir de finales de 2014, al concluir el súper ciclo de las materias primas que derivó en una contracción de los ingresos de divisas. La caída del ritmo de crecimiento de la economía vino acompañada por el resurgimiento del déficit comercial y fiscal de manera consecutiva y por la disminución progresiva de las RIN, al enfrentar el país pérdidas de términos de intercambio de importancia. La contracción de los precios de los bienes básicos también devino, asimismo, en una sustancial disminución de los ingresos por ventas de gas, los cuales también mermaron por menores volúmenes producidos. De esta manera, la estrategia económica masista de utilizar los excedentes del gas para financiar el gasto público comenzó a resquebrajarse y fue necesario recurrir a la deuda pública para darle continuidad. Con el tiempo, debido principalmente por menores volúmenes de exportación de gas, el Estado se fue convirtiendo en un demandante neto de divisas, al no poder cubrir con estas exportaciones, las importaciones de carburantes. Adicionalmente, el empeño del gobierno masista en erigirse en la celebridad de la economía ha significado consumo de divisas para financiar la inversión pública que alcanza a una serie de empresas públicas con déficits operativos de varios años. A ver si vamos tomando una dimensión de lo que esto entraña.
El problema primigenio reside en el alineamiento a un pensamiento económico que, de manera axiomática, asume que el gasto fiscal, se traduce en crecimiento, por medio también de un efecto multiplicador sobre la demanda interna. El problema es que el marco teórico que les sirve de inspiración, dada su cortedad, no discurre acerca de la indispensable asignación eficiente de los recursos para la producción de bienes y servicios que las personas han revelado preferir. Abstrayéndose de ello, consumiendo riqueza ajena, produce bienes que nadie demanda y por ello las empresas públicas son enormemente deficitarias y en condiciones normales tendrían que dejar de operar. En una situación así, cabría un juicio de responsabilidades.
La incompetencia del Estado como productor de bienes y servicios se debe a que su proceso decisorio no tiene como guía el sistema de precios. Los intercambios voluntarios de bienes y servicios por dinero dejan establecido un precio que actúa como un mecanismo de transmisión de información o de señal. Asimismo, los precios tienen la función de ser un mecanismo de coordinación, porque dan lugar a la aparición de agentes de oferta y demanda y, finalmente, dan lugar a un proceso de ajuste cuando no hay coincidencia entre oferta y demanda. Algunos economistas cultores del estatismo, en su dogmatismo, enraizado también en sentimientos permisivos para ellos mismos, dejan de lado principios fundamentales de la ciencia económica, actitud que los lleva a persistir en errores documentados largamente por la literatura económica.
Adicionalmente, su visión es de equilibrio parcial y de corto plazo, porque no consideran las repercusiones de la política fiscal y monetaria en todos los mercados y no proyectan de acuerdo con los fundamentos del crecimiento económico de largo plazo, que es el que verdaderamente importa. Asimismo, no internalizan en sus marcos económicos que las preferencias son subjetivas (por tanto, heterogéneas) y cambiantes, por lo que, solamente, por intermedio del sistema de precios es posible darles lectura.
La propaganda oficialista sobre el andamiaje de la economía ha presentado diferentes iconografías que han ido perdiendo su valía de acuerdo con la situación económica. En un principio, cuando los precios de los bienes básicos continuaban en ascenso, se titulaba de manera trillada: “el crecimiento más alto de la región sudamericana”. También en esta coyuntura, se ponía de manifiesto que las RIN, como porcentaje del producto, eran las más altas en el contexto regional, sin advertir que, en aquellas economías con régimen de tipo de cambio flexible no es tan preponderante su acumulación porque no les es propio intervenir en el mercado de divisas para dejar inalterada una cotización fija del dólar. Finalmente, en estos últimos años, lo que resta es espetar: “la inflación más baja de…”, conseguida sobre la base de subvenciones, por lo que no es real. Es llamativo que no se repare en el costo fiscal y de oportunidad de ellas, y en la pérdida de eficiencia económica como consecuencia de la distorsión de los precios relativos generados. También, la política de subvenciones de algunos alimentos pone en cuestión al BCB como actor para “preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional”, según dicta uno de sus objetivos, porque, regulando la oferta se está controlando los precios.
El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, impregnado de progresismo de izquierda, ha entorpecido el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, ha restringido el comercio libre de mercancías con el resto del mundo. Se caracteriza, además, por recelar de la actividad empresarial privada, llega hasta competir con ella, utilizando el aparato del Estado para obtener ventaja, la amedrenta e interviene de manera directa, a tal punto de llegar a desincentivarla. El gobierno no garantiza de manera plena los derechos de propiedad y de manera coercitiva ha impuesto cuotas a la exportación, dobles aguinaldos, salarios mínimos, mayor presión fiscal, disposiciones que hacen menos rentable y promisoria a la inversión privada.
Las evidencias de la crisis son varias. La de mayor candencia es la del tipo de cambio que sobrevino una vez que el nivel de las RIN fue insuficiente para mantener el precio del dólar en Bs6.96. La imposibilidad de realizar operaciones en moneda extranjera está generando una desaceleración de la actividad económica explicada por la imposibilidad de importar materias primas, bienes intermedios y de capital en las cantidades anteriores. En cuanto a las políticas del BCB que, de un tiempo a estar parte se visibiliza más por ser un partícipe consuetudinario de ferias en las que presenta espectáculos casi circenses, no se comprende del todo, en qué aportaría a la solución del problema la venta de bonos en dólares, si únicamente éstas representan una inyección temporal de RIN, pues en algún momento los dólares tienen que volver a sus dueños, con un rendimiento adicional que implicaría una pérdida neta de reservas, a no ser que el BCB obtenga rendimientos mayores invirtiendo estos dólares. Pero, además, las ventas de estos bonos, ¿no están restándole oferta al mercado paralelo de dólares? Esta consideración es importante porque el precio del dólar está siendo definido en este ámbito. Con menos dólares para la venta en el mercado paralelo, la espiral del dólar puede ser más violenta.
Esta situación de crisis está provocando que el público sustituya moneda nacional por moneda extranjera. Si el dólar continúa encareciéndose, los agentes dolarizados tendrán un menor incentivo para vender sus dólares, para consumir o invertir, por temor a perder con el incremento futuro del tipo de cambio, conducta que le restaría impulso al crecimiento.
La crisis del tipo de cambio no solamente está comprometiendo a la actividad, sino que estaría provocando el retorno de la inflación a través de dos mecanismos. El primero de ellos está asociado al incremento de los precios de los bienes importados para el consumo intermedio y final, que, en contexto de incertidumbre, se reflejan de manera directa en el nivel general de precios, algo que en economía se conoce como traslado a precios. El segundo que podría acelerar la inflación, en una suerte de espiral, tendría lugar por la indexación de los precios de los bienes y servicios de toda la economía a la evolución del dólar. Sería el regreso del tipo de cambio como ancla inflacionaria. Este escenario empeorará a medida que el BCB continúe sin la posibilidad de moderar la cotización del dólar y las expectativas de devaluación de la moneda. De igual manera, la política monetaria podría estar anclada a lo que vaya a pasar con el dólar porque, debido a la dolarización, la creación secundaria de dinero sería menor.
Ciertas reacciones del gobierno profundizan el problema. Resultan infantiles e irrisorias las repetitivas declaraciones del Ministro de Economía y del Presidente del BCB acerca de que la banca privada cuenta con $us465 millones que se niega a vender y que fruto de esa especulación estamos donde estamos. Una verdadera postal de la decadencia del modelo populista. Estos señores ¿están planteando qué los bancos comerciales son los responsables de la crisis cambiaria?, ¿llega a tanto su subestimación sobre nuestra capacidad de discernimiento? Nadie consigue un dólar a Bs6.96, por eso los bancos han subido sus comisiones para operaciones en esa moneda y las sanciones de la ASFI solamente van a agravar la crisis. No se controlan los precios como las acciones de quienes no piensan como los autoritarios. El problema es que el BCB no tiene dólares y el público que los posee, según se dice en grandes cantidades, de manera entendible, no está dispuesto a comercializarlos porque, en una situación de incertidumbre en general, no hay activo financiero más seguro que el dólar.
Una vez más comprobamos que el estatismo no es la solución, sino el problema. Lo más probable es que este gobierno no esté dispuesto a hacer los ajustes necesarios, como contraer el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales. Se están terminando las fuentes de financiamiento y la restante solo parece ser la emisión inorgánica de dinero, la cual nos llevaría a un proceso inflacionario sistemático, con estancamiento económico. Antes que, a esta emisión, posiblemente recurran a los fondos de pensiones, siguiendo los quehaceres de sus socios ideológicos del Kirchnerismo, que han dejado una economía al borde de una hiperinflación.
Antonio Murillo Reyes es Economista.