miércoles, julio 24, 2024
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Proceso sin cambio

Juan José Toro Montoya

Una versión no desmentida hasta hoy señala que el lugar donde actualmente se extiende la ciudad de Potosí era un cenagal, como consecuencia de la existencia de venas subterráneas de agua. Al pisar la tierra, el agua brotaba en escasa cantidad, pero suficiente para mojar los pies. Por eso es que al lugar se denominaba “p’utux unu” que en lengua originaria quería decir “brota el agua”.
En 1545 comenzó la explotación de la plata del Cerro Rico y una febril actividad industrial. Todo empeoró cuando comenzó a usarse azogue para la amalgamación y el beneficio de la plata porque su efecto en la tierra fue inmediato: el antiguo cenagal se secó, dejando a cambio un páramo que es como se conoce a Potosí hasta hoy: se puede criar ciertas especies de plantas, pero no alimentos.
Lo que hicieron los españoles en tiempos coloniales fue una degradación masiva del medio ambiente, pero en aquellos años no existía conciencia de ello, ni mucho menos normativa. En Bolivia, no tuvimos una Ley del Medio Ambiente sino hasta el 27 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Jaime Paz Zamora promulgó la Ley 1.333 que está vigente hasta hoy, pero se aplica parcialmente.
El ejemplo que mejor conozco es el del mismísimo Cerro Rico. Allí trabajan más de 12.000 obreros de 33 cooperativas mineras que extraen más de 9.000 toneladas diarias de concentrados de zinc, plomo y plata. Hasta hoy, ninguna ha mostrado la licencia ambiental que legalice su trabajo, en el marco de la Ley 1.333. Según la reglamentación de esa norma, ese es el “documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente al REPRESENTANTE LEGAL que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la LEY y reglamentación correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental”.
Sin licencia ambiental, ninguna operación minera debería trabajar, pero, en Bolivia, las cooperativas mineras se han multiplicado, especialmente en las zonas auríferas, donde desarrollan sus faenas sin que nadie les moleste ni mucho menos les exija ese documento. La explotación de oro necesita mercurio en una cantidad todavía mayor a la de la plata y ese es el que se está empleando, atentando masivamente contra el medio ambiente, porque estamos hablando del metal que se conocía como azogue en tiempos coloniales. En 2023 se reportó un incremento del 60 por ciento en la importación de mercurio y la única solución que encontraron algunas cooperativas fue sustituirlo por cianuro, que es, literalmente, un veneno.
En la colonia, el medio ambiente era destruido por los españoles, sin que la corona les frene. Hoy en día, esa destrucción es ejecutada por las cooperativas mineras a las que el gobierno tampoco molesta, porque “son aliados del proceso de cambio”. Juzgue usted cuánto han cambiado las cosas en casi 500 años.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

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