Las luchas locales tuvieron su espacio en el Foro Social Panamazónico (Fospa), que concluyó ayer Rurrenabaque y San Buenaventura. En ese marco, recibieron apoyo la defensa de las comunidades de Zongo frente a la minería ilegal, la protección de Tariquia frente al avance de las petroleras, la defensa del medio ambiente ante la construcción de hidroeléctricas, la denuncia de contaminación del río Maniquí, entre otros procesos que se viven en Bolivia y los demás países amazónicos.
La resolución de apoyo emergió del grupo de Defensores de la Amazonía, luego fue aprobada por todos los participantes del Eje uno.
El documento exige el respeto de la jurisdicción indígena de Zongo, pide la aplicación de las sentencias constitucionales y de las resoluciones de la justicia indígena en contra del minero Oscar Bellota. «Asimismo, denunciamos las persecuciones, amenazas y criminalización de los defensores y defensoras del territorio», señala.
También dan su apoyo a quienes se oponen al proyecto de la hidroeléctrica binacional en la frontera Bolivia Brasil, «así como a aquellos que luchan contra la construcción de una hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, en el Beni, Bolivia, y también en contra del proyecto Hidroeléctrico Chepete-El Bala».
Los participantes exigen la «atención inmediata a las demandas de los casos específicos de las comunidades de San Antonio del Maniquí y Santa Ana del Bosque, en el Municipio de San Borja», donde denuncian grave contaminación de su fuente de agua, el río Maniquí, causada por la contaminación de mercurio, aserrín, desechos provenientes de los mataderos, animales muertos y basura.
Por otro lado, «exigimos la protección y el respeto del territorio de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft), situado en el departamento de Tarija, Bolivia. Actualmente enfrenta invasiones de petroleras en sus territorios. Estas acciones están siendo promovidas por las empresas petroleras Petrobras Brasil y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que operan sin contar con una ficha ambiental válida. A su vez, denunciamos que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ha permitido la manipulación del plan de manejo de la reserva para justificar las actividades de exploración y explotación petrolera».
Respecto a las demandas del pueblo guaraní, exigen el cumplimiento del decreto supremo que expropia 180.000 hectáreas para la reconstitución del territorio guaraní, liberándolos de la servidumbre.
«Apoyamos las luchas de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la Amazonía que enfrentan múltiples amenazas: persecución, la criminalización de sus defensores, las invasiones territoriales por el narcotráfico, la deforestación descontrolada, los conflictos de tierra y los asesinatos de líderes indígenas debido a los intereses del agronegocio», indica el pronunciamiento, que menciona casos concretos de Brasil.
Asimismo, exigen el respeto a lo establecido en el Decreto Supremo 22611, a través del cual se declara que la región del Bosque de Chimanes pertenece a los pueblos indígenas Moxeño Trinitario, Moxeño Ignaciano, Movima, Yuracaré, y Tsimane, que habitan ancestralmente el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), señala el documento.
«Exigimos al Estado de Bolivia la implementación inmediata de medidas efectivas para resolver la contaminación del río Poopó, situado en el departamento de Oruro. Esta grave problemática afecta a las comunidades que dependían del río como fuente vital. Denunciamos especialmente el daño infligido a la comunidad de Antequera y a sus defensores», indica el pronunciamiento.
También hacen constar exigencias para los gobiernos de Brasil, Perú, entre otros. (Rurrenabaque, Sumando Voces/Brújula Digital)