Exigen al Estado ley de protección de defensores de derechos humanos

El grupo de trabajo de defensores y defensoras de la Amazonía, que se instaló en el marco del XI Foro Social Panamazónico (Fospa), exigió al Estado boliviano la protección de los defensores de derechos humanos mediante una ley específica y, en consecuencia, poner fin a la criminalización.
Las exigencias a Bolivia son la “aprobación de una norma con rango de ley que garantice y proteja los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos”, el “aseguramiento de recursos para la implementación efectiva de dicha ley”, “el cese de las autorizaciones para la explotación de petróleo y minería aurífera en los territorios de los pueblos indígenas”, “el fin de la criminalización de los defensores de derechos humanos”, y la “protección a las defensoras de Zongo y respeto a la sentencia de su jurisdicción indígena originario campesina”.
El funcionamiento de este grupo obedece a la constante persecución y hostigamiento a los defensores, particularmente de los defensores ambientales, que en diversos países son acosados, enjuiciados y a veces asesinados.
Los participantes, muchos de ellos defensores de derechos y con una presencia mayoritaria de mujeres, exigieron al Estado brasileño “el cese de las autorizaciones para la explotación de petróleo y minería aurífera en los territorios de los pueblos indígenas”, al Estado peruano exigieron “el fin a la criminalización de los defensores de los derechos humanos” y el “reconocimiento a la labor que realizan los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente”.
A todos los Estados, exigieron “el reconocimiento y protección de las y los defensores de derechos humanos, aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, paralización de la criminalización, asesinatos, persecución, estigmatización, atropellos y amedrentamientos a nuestros defensores y defensoras”.
El grupo de defensores estuvo coordinado por el Programa Defensores y Defensoras de Unitas. La metodología del grupo de trabajo se construyó de forma anticipada y participativa.
El diagnóstico dado a conocer por el grupo indica que existe un “debilitamiento institucional, corrupción, falta de acceso a la justicia, conflictos internos y división, invasión de grandes empresas, permisos ilegales dentro de territorios indígenas, falta de respeto a la autodeterminación, ausencia de apoyo legal, asesinatos, estigmatización, criminalización, amedrentamiento y estigmatización, acoso digital, cansancio emocional y físico, afectación a las familias”.
Indican, además, que “las mujeres defensoras enfrentan una situación de particular vulnerabilidad”.
ESTRATEGIAS DE DEFENSA
Frente a esta situación, los integrantes de este grupo plantean el fortalecimiento comunitario (asambleas, estatutos, capacitación, liderazgos), colaboración y alianzas (con medios de comunicación, articulación de defensores/as), políticas de protección y preservación de la memoria y la esperanza.
ACUERDO DE ESCAZÚ
Para la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, los participantes decidieron darle difusión y trabajar en la concientización, la integración institucional (su inclusión en normas nacionales), trabajo con la comunidad, alianzas y recursos educativos, además de campañas de información.
Además, los integrantes de la mesa de defensores establecieron mecanismos para dotar de garantías a defensores y defensoras. (San Buenaventura, Sumando Voces/Brújula Digital)