Afirmando que la clase política debe dar el ejemplo en tiempos de crisis económica y respaldando otras iniciativas presentadas por legisladores para reducir el gasto público, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, insistió en que es necesario debatir y aplicar medidas como la eliminación de la renta vitalicia para expresidentes, además de suprimir cargos que no aportan al país.
En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, el asambleísta representante de la capital del Estado, calificó como vergonzoso que pese a la crisis económica por la que atraviesa el país, exautoridades se continúen beneficiando con medidas de privilegio, por encima del resto de la población, sin que la clase política plantee soluciones para terminar con esa injusticia.
“Hay una crisis económica que están viviendo todos los ciudadanos y quienes tienen que dar el ejemplo es la clase política, de hecho, los políticos venimos con la convicción de servir a la sociedad”, apuntó Pedrazas.
En ese sentido, adelantó continuar impulsando la eliminación de las rentas vitalicias para exmandatarios, además de otras iniciativas destinadas a acabar con privilegios para políticos y reducir el gasto público para destinarlo en favor de sectores importantes para la sociedad como educación y salud.
“Pedimos que se deje sin efecto las rentas vitalicias y apoyamos las medidas sugeridas por otros colegas que están dirigidas a reducir el gasto público, vamos a continuar con el tema de los supraestatales, revisar casos como el de Diremar y así escalando a dirigencias sindicales y hasta universidades”, aseguró.
Esta semana, Pedrazas presentó un proyecto de ley planteando eliminar las rentas vitalicias percibidas por expresidentes, esto para generar un ahorro al Estado y evitar privilegios, tomando en cuenta que no existe ningún tipo de rendición de cuentas sobre el uso que cada beneficiario le da a estos recursos.
En la reciente sesión de Cámara Baja, el pleno de esta instancia determinó remitirlo al trabajo de comisiones, ante ello, el legislador chuquisaqueño aseguró que se trata del inicio de más iniciativas destinadas a paliar la delicada situación económica del país y optimizar los gastos del Estado.
“Esta ley que es el inicio, la vamos a seguir impulsando para que desde la Asamblea Legislativa se le dé una respuesta a la población, apoyando además cualquier otro proyecto que vaya en la misma línea”, sostuvo.
Sobre los cuestionamientos de distintos actores políticos y de su propia organización por la presentación de esta iniciativa, el parlamentario señaló que solo cumple con sus funciones en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), asimismo, con el mandato de una población preocupada por la asignación de recursos económicos que se constituyen en un privilegio destinado a beneficiar a un grupo minoritario en la sociedad.
Detallando que el beneficio para cada exmandatario asciende a 25.000 bolivianos por mes y 300.000 bolivianos en un año, Pedrazas lamentó que en el país aún existan este tipo de beneficios cuando gran parte de la población gana menos del sueldo básico.
“Por desprendimiento e inteligencia política deberían renunciar a este beneficio todos ellos, hemos pedido informes para saber quiénes lo reciben y quienes no”, adelantó.
El asambleísta de oposición finalizó destacando que la normativa propuesta ya sea analizada por una comisión del Legislativo, pues de esta forma existen plazos establecidos para su análisis y posible aprobación.
“Vamos a solicitar que se agilice el tema para que se debata, la población exige un debate y se necesita una respuesta. Puede ser que se suprima o se apliquen ajustes, lo importante es analizar el tema y posteriormente ver otros escenarios mediante los planteamientos de otros parlamentarios”, concluyó.
En la misma línea, esta semana el diputado Oscar Balderas cuestionó que el Estado deba gastar más de 17 millones de bolivianos, por año, en el pago de salarios para legisladores suplentes, por lo que planteó eliminar estos cargos de la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de la siguiente legislatura.
“Nos parece que esto debe reajustarse y va en el marco de que nuestros egresos como país sean disminuidos, pues no debemos seguir solventando estos gastos que van en detrimento de la educación, salud y seguridad ciudadana para la población. Nuestro planteamiento tiene que ver con ese ajuste para que se lo aplique desde el año 2025 hacia delante”, indicó.
Según el asambleísta de oposición, esta y otras medidas fueron implementadas en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa por el Movimiento al Socialismo, bajo criterios netamente políticos con la finalidad de beneficiar la lealtad de su militancia mediante la otorgación de cargos en la administración pública.
Detalló que, la figura de los parlamentarios suplentes no se encuentra establecida por la Carta Magna, por lo que solo se requiere de consensos entre las fuerzas que conforman la ALP para aplicar las modificaciones necesarias.
Anteriormente, el alcalde de La Paz, Iván Arias, había planteado la eliminación de los curules destinados a legisladores supraestatales y suplentes, así como reducir el número de senadores a tres por departamento, esto para generar un ahorro al Estado.
Varios legisladores se sumaron al planteamiento, entre ellos, la diputada Toribia Lero y el senador Rodrigo Paz Pereira, quienes hicieron eco de la propuesta cuestionando el trabajo realizado por los representantes plurinacionales y las suplencias en ambas cámaras legislativas, además del ahorro que significaría suprimir estos cargos.
Renta para expresidentes debe ser debatida
Políticos deben ser ejemplo de austeridad en tiempos de crisis
> Califican como vergonzoso que pese a la crisis económica por la que atraviesa el país, exautoridades se continúen beneficiando con medidas de privilegio por encima del resto de la población, sin que la clase política plantee soluciones para terminar con esa injusticia. > En reciente sesión de Cámara Baja, el pleno de esta instancia determinó remitir la propuesta al trabajo de comisiones. > Esta semana también se cuestionó que el Estado deba gastar más de 17 millones de bolivianos, por año, en el pago de salarios para legisladores suplentes.
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