La senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Simona Quispe, advirtió que sin una oportuna promulgación de la ley que cesa de sus funciones a los magistrados prorrogados, sancionada por el Parlamento el pasado 6 de junio, existe riesgo de que el trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) vuelva a empantanarse.
Apuntando que, habiendo transcurrido diez días desde la sesión plenaria de la ALP, convocada y presidida por el titular del Senado, en calidad de presidente en ejercicio del Parlamento, corresponde que el Ejecutivo promulgue las normativas remitidas por el Parlamento Ejecutivo, Quispe sostuvo que el eludir esta acción significaría un nuevo bloqueo al trabajo de esta instancia.
“Como Asamblea hemos cumplido en el marco de la Constitución y los reglamentos, así que no se debe obstaculizar. Si no promulgan, será el gobierno mismo el que esté bloqueando a la Asamblea Legislativa en su trabajo”, indicó
Sobre la consulta remitida al Tribunal Constitucional por el vicepresidente, la senadora cuestionó que se insista en recurrir a autoridades judiciales sin competencia, mismas que permanecen de forma ilegal en sus cargos.
“Ellos ya verán por qué se procedió con hacer esa consulta cuando la Asamblea es la máxima instancia y autoridad que determina. ¿Qué se puede consultar a un tribunal autoprorrogado?”, cuestionó Quispe.
El pasado jueves 6 de junio, la séptima sesión ordinaria de la ALP, convocada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aprobó y sancionó diferentes normas, entre ellas, la ley antiprórroga 075 y una resolución que ordena que continuar el proceso de preselección.
Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón, puntualizó que el presidente Arce tiene 10 días hábiles, para promulgar la norma u observarla. En caso de observarla, esta debe retornar a la Asamblea con sus observaciones, si la mayoría absoluta las rechazan, debe ser promulgada de manera obligatoria por el vicepresidente.