CC plantea normativa para proteger recursos de la Gestora

Tras la ola de cuestionamientos a recientes inversiones realizadas por la Gestora Pública en bonos del Tesoro General y el Banco Central, miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), en Senadores y Diputados, presentaron un proyecto de ley destinado a proteger los recursos de los aportantes de un manejo discrecional por parte de su administración.
“La Gestora está actuando no como un verdadero protector de los intereses de los aportantes y de los jubilados, sino como un subordinado y dependiente del presidente del Estado”, señaló el diputado Carlos Alarcón, uno de los parlamentarios proyectistas de la normativa.
Sostuvo además que, en la actual coyuntura, con un Banco Central cuyas reservas internacionales “prácticamente se están derrumbando por el piso” y un Tesoro General que “año tras año arrastra un déficit fiscal” por gastos del Gobierno superiores a los ingresos del país, es necesario considerar mecanismos destinados a evitar que recursos de la Gestora sean usados indiscriminada y discrecionalmente.
“Consideramos que ha llegado el momento de parar el uso de los fondos de los aportantes para que estos no se conviertan en la caja grande del Gobierno. Una administración que esta ‘bicicleteando’ con estos recursos”, dijo.
Asegurando que se deben tomar medidas para terminar con irregularidades en la administración de los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores. Alarcón apuntó que, a partir de la vigencia de la ley propuesta, la única forma en que la Gestora podrá prestar dinero a partir de la compra de bonos, es con previa autorización de la Asamblea.
También se busca mantener el valor de los préstamos ya comprometidos con el Tesoro General de la Nación (TGN) y el Banco Central, estableciendo que todos estos recursos deberán ser devueltos en la misma moneda en que fueron adquiridos, además de que se garantice la intangibilidad del valor real del dinero en cuestión.
“La Constitución nos obliga a fiscalizar y controlar el manejo económico de las instituciones del Estado, con mayor razón si se comprometen recursos de los aportantes y de los jubilados”, explicó Alarcón, pidiendo que las cámaras del Legislativo traten la normativa propuesta con carácter de urgencia.
Días atrás, el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, admitió haber ejecutado una operación financiera por 500 millones de dólares con el argumento de una interesante rentabilidad; no obstante, opositores advirtieron que el objetivo de dicha la transacción fue facilitar al Gobierno la generación de liquidez financiera ante la falta de dólares en el mercado interno.
Asambleístas como el diputado Walthy Egüez, señalaron que esa manejo discrecional de recursos debe evitarse exigiendo al Gobierno cumplir con la conformación de un Directorio en esta entidad, recuperando el control sobre el uso y destino de los aportes y asegurar las rentas de jubilación.