La población pidió a las autoridades ejercer mayor control sobre los repartidores en motocicletas, debido a que incurren en una serie de transgresiones a las normas de tránsito, a lo que se suma las constantes agresiones a conductores de vehículos particulares, en especial en la zona Sur; a esto se añade la situación migratoria de algunos extranjeros que despierta dudas sobre su legal estadía en el país.
En una encuesta elaborada por EL DIARIO a vecinos de varias zonas de la urbe paceña, se evidenció que alrededor del 68% estuvo de acuerdo en que la Policía refuerce controles a los repartidores en motocicleta, pues los hechos de tránsito protagonizados por ellos son constantes, así como los casos de agresiones y amenazas a conductores particulares, sobre todo en las zonas de Calacoto, Achumani y San Miguel.
De acuerdo con los datos del sondeo, seis de cada diez vecinos de estas zonas afirmaron haber presenciado a algún repartidor cometer violaciones a las normas de tránsito o alguna agresión a conductores particulares en el último año, lo cual se traduce en una necesidad de que la Policía atienda estas demandas de la población.
Entre los datos recolectados, la zona Sur de la ciudad paceña reportó mayor incidencia en el número de agresiones de repartidores en motocicleta, en comparación a otras zonas. Los mayores casos de altercados con estos trabajadores independientes ocurrieron en las zonas de Achumani, San Miguel y Calacoto.
A esto se suman dos factores que no tienen menor relevancia: la facilidad que tiene cualquier persona de registrarse como repartidor y la aparente presencia de ciudadanos extranjeros dedicados a esta actividad, con mayor presencia en la zona Sur.
EL DIARIO encontró que un 71% de los encuestados afirmaron haber recibido servicio de delivery en motocicleta de una persona de nacionalidad venezolana, colombiana o peruana, a juzgar por el acento del empleado durante la entrega. Este dato permite dudar respecto a la estadía legal de extranjeros dedicados libremente a actividades como ésta, que no implican ningún tipo de control o regulación por parte de las autoridades, a quienes se pide mayores investigaciones para aclarar su situación migratoria.