Una jueza de Cochabamba ordenó al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, convocar a sesión en 72 horas para “validar” los proyectos de ley aprobados en la séptima sesión del Órgano Legislativo, entonces encabezado por Andrónico Rodríguez el 6 de junio; tal acción fue efectuada luego de una acción de libertad planteada por la diputada masista Lucy Sara Escobar, quien pedía dejar sin efecto el Auto Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dispuso la nulidad de competencias de Rodríguez.
La jueza de Sentencia Penal Nº 6 de la Capital, Silvia Clara Zurita, emitió órdenes y exhortaciones para las máximas autoridades del TCP y el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, luego de una audiencia virtual.
“Se ordena el cese de los actos de hostigamiento, búsqueda o persecución sin causa jurídica alguna en contra de Andrónico Rodríguez, por parte de cualquier actor político del país. A su vez, se ordena al Vicepresidente del Estado convoque, en el plazo máximo de 72 horas, a sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción tutelar para evitar actos de usurpación a atribuciones previstas en el artículo 158 de la Constitución”, señala la resolución de Zurita.
Asimismo, dispuso que el comandante departamental de Policía de La Paz, Edgar Cortez, y los comandantes de seguridad de la ALP, “garanticen tutela a la vida y la integridad física de Andrónico Rodríguez y se abstengan de emitir órdenes que constituyan protección por acción u omisión o pongan en riesgo la vida o integridad física del presidente del Senado”, se lee en el documento al que accedió Correo del Sur.
La jueza denegó la tutela demandada en contra de los magistrados del TCP que admitieron el Recurso Director de Nulidad (RDN) del presidente de Diputados. Sin embargo, exhortó a los tribunos “a considerar todos y cada uno de los reclamos expresados en esta acción de defensa a tiempo de emitir sentencia en el RDN cuya emisión está pendiente”.
En criterio de Zurita, la ALP y especialmente Andrónico Rodríguez quedaron “desprovistos” de la Policía, al presidirla en medio de una confrontación política, por lo que corresponde conceder la tutela, toda vez que los elementos policiales tenían la obligación de garantizar la vida de los parlamentarios bajo responsabilidad penal y disciplinaria.
CONTEXTO
La determinación de Zurita es una respuesta al RDN planteado el 5 de junio por el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el arcista Juan José Jáuregui, por la presunta usurpación de funciones de Rodríguez en la convocatoria a la séptima sesión de la ALP desarrollada el pasado 6 de junio. El recurso fue admitido por el TCP y desde entonces dejó en suspenso su competencia de presidir la sesión.
Los legisladores de oposición, junto con la facción del MAS afín al jerarca del partido, Evo Morales, exigen que se reconozca la legalidad de la séptima sesión y, por tanto, la sanción de las leyes, entre ellas la que cesa las funciones de los magistrados judiciales, quienes cumplieron su mandato de seis años el 31 de diciembre de 2023, pero que gracias a un fallo suyo logaron extender hasta que sus sustitutos sean electos por voto popular.
En contraparte, la facción masista afín al jefe de Estado, Luis Arce Catacora, insiste en que la séptima sesión de la ALP fue ilegal y que no debe reconocerse la aprobación de leyes. Varios parlamentarios arremetieron contra Rodríguez por considerar que usurpó funciones de Choquehuanca.