De acuerdo con el Observatorio de DDHH de Unitas, en 2023 se registraron 379 casos de vulneración a la institucionalidad democrática en Bolivia, desde corrupción institucional y abuso de poder hasta atentados a la presunción de inocencia; esta cifra significa más de un caso por día durante todo el año, llegando a sextuplicar números de gestiones pasadas.
La presentación de personas sospechosas de cometer un delito ante los medios de comunicación o por redes sociales es una práctica común desde el Ministerio de Gobierno o la Policía Nacional. Este tipo de actos vulneran la presunción de inocencia, pero son también una manera de mellar la dignidad de personas que no han sido juzgadas por el delito que se les atribuye.
Estos casos y otros de diversa índole atentan contra la institucionalidad democrática en el país, según el Informe de Situación 2023 del Observatorio, el cual cuantificó 379 casos de vulneración a la institucionalidad democrática en Bolivia el año pasado.
Entre estos casos, hubo 232 actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, 88 procedimientos no basados en la norma, 23 relacionados con corrupción de autoridades, 12 de falta de independencia de Órganos del Estado, nueve de falta de transparencia y acceso a la información, cinco de acoso político, tres de incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios en sus cargos y dos de incumplimientos de procesos adecuados en la elección de autoridades.
En comparación con otros años, las cifras de vulneración a la institucionalidad democrática se han sextuplicado desde 2021, cuando se contabilizaron 62 casos; en tanto, en 2022 la cifra llegó hasta 199, número que significa un aumento del 53% respecto al año anterior.
“La institucionalidad democrática implica, al menos, la separación, independencia y equilibrio de poderes del Estado, el ejercicio efectivo de derechos políticos a través de elecciones libres y justas, de derechos civiles, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad”, se lee en el informe.
PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA
Una de las prácticas más recurrentes contra la institucionalidad democrática es la presentación de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación o redes sociales, recurrida por el Ministerio de Gobierno y comandantes de diferentes fuerzas policiales.
De acuerdo con los datos del Observatorio, el ministro Eduardo Del Castillo acumula 192 casos que mayormente son de exposición pública de presuntos sospechosos. Asimismo, la Policía, la Fiscalía, las autoridades del Órgano Judicial y del nivel municipal son los otros principales actores que más recurren a esta práctica.
“Entre el 28 de enero y el 28 de diciembre de 2023, Del Castillo y oficiales policiales a su cargo llevaron a cabo la presentación pública de 212 presuntos delincuentes ante medios tradicionales y digitales”, comportamiento que persistió cada mes, evidenciando el incumplimiento de procedimientos legales básicos y garantías del debido proceso”, señala el estudio.
Según indicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, la exhibición de aprehendidos ante los medios, sin una sentencia ejecutoriada, justifica la expansión del poder punitivo y debilita las garantías constitucionales de los ciudadanos, por vulnerar la presunción de inocencia establecida en la legislación boliviana y en tratados internacionales sobre derechos humanos.
NIVEL SUBNACIONAL
Los casos de corrupción son los más evidentes en esta categoría, como la sentencia a cinco años de cárcel para el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, autor de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, dentro del caso denominado “comidas”.
También se cita el caso del exalcalde y exfutbolista Luis Gatty Ribeiro, quien fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Villa Busch, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación de fondos por una compra de luminarias para Cobija.
El informe resalta también el proceso legal iniciado contra el exalcalde de Colcapirhua, Milton Garabito, acusado por presuntas irregularidades en la construcción de un coliseo.
El caso del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por la compra fraudulenta de 41 ambulancias, es otro caso registrado, al igual que el del alcalde de Potosí, Jhonny Llally, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual con agravante, por el que recientemente fue liberado. Figura también el caso del alcalde de Santa Rosa del Abuná en Beni, Abner Beltrán, quien fue aprehendido por la Policía debido a agresiones físicas contra su expareja.
USO Y ABUSO DE PODER
Unitas menciona cómo autoridades del Estado transgreden a la institucionalidad democrática a través del uso del poder, como el caso del diputado masista, Patricio Mendoza, quien después de un accidente de tránsito admitió con soberbia que conducía sin licencia, en marzo de 2023.
El informe cita también el caso del diputado del MAS, Juan José Jáuregui, quien fue denunciado por supuestamente extorsionar mujeres ofreciendo empleo a cambio de relaciones sexuales.
Asimismo, se menciona el caso del legislador Iván Canaviri (CC), quien planteó una ley para regular los bloqueos de caminos para que no duren más de 30 minutos, lo que vulnera los estándares de derechos humanos sobre el derecho a la protesta.
LO MÁS CRÍTICO:
MAGISTRADOS
La prórroga de mandato de magistrados del Órgano Judicial, desde diciembre de 2023, es uno de los casos con mayor relevancia. Sus antecedentes refieren a las deliberaciones por el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales.
De acuerdo con el informe, Veeduría Ciudadana identificó 30 irregularidades en cinco estándares internacionales que deben regir todo proceso de elección: independencia, idoneidad, inclusión, transparencia y exigibilidad. (Con información de Sumando Voces)