El gobierno del presidente Arce ha logrado evitar, por segunda vez, un bloqueo de caminos que, de ejecutarse, habría provocado inmensurables perjuicios al país.
Mientras la negociación se instalaba en La Paz, los choferes de micros y minibuses de Potosí iniciaban una huelga indefinida exigiendo la elevación de tarifas para el servicio que prestan que —lo digo por lo que vi en ciudades de por lo menos cuatro países— está entre los peores del mundo.
Los bloqueos se han convertido en la gran pandemia de Bolivia. En febrero de este año, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) propuso modificaciones al Código Penal para convertir en delitos acciones anti-sociales como la obstrucción, obstrucción de vías públicas y vandalismo. Su presidente, Pablo Camacho, dijo que “cada vez que una carretera es bloqueada, las industrias no pueden operar, los trabajadores no pueden llegar a sus empleos, los servicios de emergencia se ven obstaculizados, se pierden vidas humanas y la economía se paraliza”.
Esos argumentos, ya de por sí contundentes, fueron justificados con cifras: en los últimos 14 años se registró más de 2.000 bloqueos en Bolivia, aproximadamente 150 por año, y solo en 2023 hubo al menos 187 con un promedio de duración de tres a cuatro jornadas. Los daños económicos superan los provocados por el covid-19.
Los efectos nocivos de los bloqueos no se limitan a lo interno ya que, como bien apuntó Camacho en febrero, esta recurrencia ha afectado a la imagen del país en todos los ámbitos, desde su calificación de riesgo para las inversiones hasta su potencial turístico. Pese a que es el más grave, dejo el primer asunto para los economistas, y me quedo con el turismo, una industria en crecimiento no solo por los millones que genera, sino porque se la considera una industria limpia, no contaminante, a la que, por eso, le dicen “sin chimeneas”.
Los turistas son ahuyentados por los bloqueos por una cuestión de elemental seguridad: nadie viajaría a un país en el que podría quedarse varado. Debido a eso, Bolivia está prácticamente fuera de los grandes circuitos de viajeros que compran sus pasajes aéreos con anticipación de hasta un año, porque así los pagan más baratos. Para entrar a esos circuitos, hay que ofrecer a los visitantes la seguridad de que no serán bloqueados aquí, y eso tomará por lo menos cinco años en los que esas medidas de presión deberían desaparecer. Por esta razón, se justifica la propuesta de la CNI.
Pero si, al llegar a Bolivia, los turistas tienen problemas con el transporte público, o deben respirar el aire contaminado de vehículos que están en servicio desde hace 30 o más años, entonces tampoco habremos ganado mucho. Y este asunto ya no depende tanto de leyes que promulgue o modifique el Legislativo, ni de instancias nacionales, sino de los municipios, y ese ya es tema para otro artículo.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.