El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó ayer que 17 personas fueron aprehendidas en total por las acciones militares del miércoles, aseverando que el “intento de golpe de Estado” fue planificado a la cabeza del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, desde mayo pasado, por lo que ahora buscan a tres militares prófugos del servicio pasivo y a un mayor; sin embargo, Zúñiga ratificó que actuó con autorización del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y dando parte al ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
En conferencia de prensa, Del Castillo señaló ayer: “se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado dentro del territorio nacional”, refiriéndose a la sublevación militar ocurrida entre las 14:30 y las 18:00 del miércoles en la plaza Murillo, comandada por el entonces comandante del Ejército, Zúñiga.
Luego de ser presentados ante los medios por autoridades de Gobierno, los implicados fueron puestos ante un juez cautelar. La autoridad agregó que son cuatro los militares prófugos que son buscados por la Policía: tres militares del servicio pasivo y uno que tiene el grado de mayor, quienes habrían colaborado con Zúñiga; no obstante, no descartó la participación de más personas en la sublevación militar.
Ayer, en horas de la noche, se publicó el acta de la entrevista policial de Zúñiga en la que ratifica que Arce ordenó la operación, luego de reunirse con él el domingo para jugar básquetbol y “hablar de la situación del país”. Admitió que Aguilar fue el ideólogo de la operación, pero que dio parte al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, horas antes de llegar a la plaza Murillo.
El ministro señaló que los supuestos designios para tomar el poder iniciaron en mayo, en reuniones de “alto nivel” entre el general Zúñiga, el exjefe de la Armada, vicealmirante Juan Arnez, y el supuesto estratega e ideólogo del “plan “golpista”, el civil Abel Aníbal Aguilar, exasesor del Ministerio de Defensa, quien denunció que se violaron sus derechos.
El acusado de ser el estratega del alzamiento militar es hijo de Aníbal Aguilar Peñarrieta, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Asimismo, es hermano del exministro de Educación, Roberto Aguilar, personaje muy cercano al expresidente, Evo Morales.
El informe de Inteligencia involucra también a otras autoridades castrenses, lo que permitió al ministro hablar de grupos de “preparación, organización y coordinación” que supuestamente planificaron la operación.
Entre los aprehendidos, figuran también ayudantes de Zúñiga que ingresaron a la plaza Murillo con las tanquetas, así como jefes de las divisiones de Achacachi y Viacha de donde habrían salido vehículos blindados el domingo, y otros jefes de la Policía Militar.
De acuerdo con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el militar confesó que el plan militar fracasó debido a que fuerzas de apoyo de Viacha y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no llegaron a la ciudad de La Paz.
CRONOLOGÍA DEL HECHO
El miércoles, alrededor de las tres de la tarde, un inusual despliegue de fuerzas militares armadas a bordo de una decena de tanquetas blindadas se concentró en inmediaciones de la plaza Murillo, a la cabeza de Zúñiga, quien llegó en uno de los vehículos bélicos y se aparcó en puertas de Palacio Quemado durante casi una hora, sin moverse.
Ante el estupor de los transeúntes, decenas de militares con el rostro cubierto desalojaron a la población que circulaba con gases y armas no letales, mientras un numeroso grupo de periodistas se quedó en los alrededores a realizar cobertura, sin recibir respuesta de las autoridades. Por varios minutos, no se conocía lo que ocurría.
Del Castillo apareció a increpar a Zúñiga y le ordenó bajar de la tanqueta, a lo que este se negó. Luego, tras ingresar a Palacio Quemado tumbando la puerta con la tanqueta, el militar supuestamente habló con el jefe de Estado, Luis Arce, a quien desobedeció una orden de replegarse. Al salir del pasillo de Palacio, argumentó que su intención era restablecer la democracia y liberar a los presos políticos, declaraciones emitidas a la multitud de periodistas en medio de un grupo de soldados que no pronunciaron una sola palabra.
Algunos medios entonces hablaron de un intento de golpe de Estado. Se difundieron imágenes de la discusión entre Arce y Zúñiga, en la que el militar desobedece deliberadamente las órdenes de replegar el personal, en presencia de la cúpula de poder arcista y autoridades policiales, como el comandante nacional de la Policía, Álvaro Álvarez, y varios ministros. Luego de hablar con la prensa, Zúñiga volvió a su tanqueta, donde se quedó hasta cerca de las 17:30 horas.
Tras la reunión y de manera casi inmediata, Arce posesionó a un nuevo Alto Mando militar, en la que José Wilson Sánchez Velásquez juró como nuevo comandante del Ejército, aunque Zúñiga no fue oficialmente destituido. Aunque el martes se conoció extraoficialmente que fue destituido de sus funciones, esto nunca fue oficializado por el gobierno de Arce y Zúñiga continuó ejerciendo el cargo incluso cuando tomó la plaza Murillo un día después.
Zúñiga se retiró con el resto de militares al caer la tarde. Luego, él, Arnez y otros uniformados fueron aprehendidos alrededor de las 19:00 horas; la Fiscalía inició investigaciones en su contra por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado, entre otros.
Delante de Aguilera, justo antes de ser llevado a dependencias de la fuerza anticrimen, Zúñiga declaró que Arce le ordenó sacar a las Fuerzas Armadas pues le había comunicado que era necesario “inventar algo” para recobrar popularidad entre la población, ante una semana que se advertía crítica para el Gobierno.
REPERCUSIONES
Según expertos y opositores, lo ocurrido en Plaza Murillo fue un “show” y un “teatro” montado por un Gobierno agobiado por la crisis, debilitado, sin institucionalidad ni credibilidad, el cual pretende escapar y reprimir toda forma de protesta a través de una “receta” socialista comandada desde Cuba y Venezuela. Ven que el objetivo era recuperar el apoyo de organizaciones sociales y de la comunidad internacional, lo que habría terminado ocurriendo.
“El Gobierno armó un show burlesco con malos actores”, sostuvo el analista, Gustavo Pedraza, a una red televisiva nacional. A esto se sumó la senadora por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, quien manifestó que estos hechos fue un “show burlesco” y un “montaje” y exigió al gobierno de Arce dar respuestas a la crisis que el país atraviesa, pues la población claramente advirtió que “aquí hay una mano negra de por medio”.
Para el politólogo Franklin Pareja, los hechos parecen responder a un “libreto cubano-nicaragüense-venezolano” con el objetivo de generar cohesión interna en el Gobierno y recuperar cierta validación y respaldo tanto de los sectores sociales (Csutcb y COB) como de la comunidad internacional.
Pareja expresó que hubo un “extraño intento de golpe donde las autoridades dan declaraciones en directo y sin el mínimo estrés”, pues los militares tomaron la plaza Murillo “a vista y paciencia de los medios y público presente”. Su hipótesis es que un “gobierno agobiado por la crisis quiere escapar haciendo show con las Fuerzas Armadas”.
En contacto con EL DIARIO, el jurista Jorge Valda, opinó que Arce debe ser investigado por estos hechos pues comparte responsabilidad en causar especulación y zozobra en la población, ya que muchas personas fueron vistas haciendo fila en supermercados, cajeros y surtidores de combustible. Asimismo, lamentó que los militares hayan sido “humillados” y “usados como rebaño” por quienes osan tomar el poder por la fuerza.
Valda indicó que lo ocurrido el miércoles fue “un teatro armado” y una “cortina de humo” entre un gobierno sumido en “corrupción, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, endeudamiento y saqueo de recursos”.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, coincidió en que hay “indicios” de un montaje y posible autogolpe, a fin de “remontar un gobierno moribundo”. En tal sentido, pidió la conformación de una comisión legislativa para iniciar investigaciones sobre la posible participación de autoridades del Órgano Ejecutivo.
Reyes identificó tres grandes afectaciones al país por parte del “show” vivido el miércoles: la desinstitucionalización del Estado y las Fuerzas Armadas, organismo encargado de velar por la seguridad nacional, cuyo prestigio quedó “en el suelo”; segundo, el daño a la democracia y la credibilidad de las instituciones, pues advirtió que “seguramente nadie va a confiar en el discurso oficial”; tercero, el prestigio del país ante la comunidad internacional, lo que puede afectar en la adquisición de créditos internacionales.
El expresidente de Bolivia y líder de CC, Carlos Mesa Gisbert, condenó los hechos ocurridos y coincidió en que los gobiernos del Movimiento al Socialismo destruyeron la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y “toda credibilidad de lo que se dice y hace”.
La diputada de Creemos, María René Álvarez, opinó que lo ocurrido fue un montaje del Gobierno de Arce que sirvió para que el Presidente sea percibido como una “víctima” y que, luego de enfrentar a un supuesto golpista cara a cara, salga a relucir como un “héroe” y un salvador de la democracia.
