En los últimos días, la principal autoridad económica del país descartó la existencia de similitudes entre el escenario económico actual y lo vivido en 1985. Para ello, contrastó la tasa de inflación presente con la registrada en aquel año. Sin duda, la situación actual no alcanzó aún un panorama económico tan sombrío. No obstante, aquella simple comparación carece de significancia, pues no considera lo registrado económicamente en los años previos. Lo cierto es que hay un gran número de semejanzas con lo sucedido antes de 1985.
La primera similitud se encuentra en el ocaso de la década de los setenta, cuando se registró un marcado descenso en los precios de los minerales vendidos por Bolivia. Dicho descenso provocó una notable reducción en el valor de las exportaciones. A su vez, esta disminución resultó en una escasez de divisas extranjeras. En respuesta a esa crisis, el gobierno de 1979 tomó la decisión de ejercer un control estatal sobre las divisas. Esta medida, aunque buscaba estabilizar la economía, desencadenó un aumento en la demanda de dólares entre los ciudadanos, exacerbando la ya tensa situación económica.
En contraste, en una tendencia preocupante que refleja los desafíos económicos de décadas pasadas, Bolivia ha experimentado en los últimos años una disminución en los precios del gas natural, su principal producto de exportación. Esta caída ha tenido como consecuencia una reducción significativa en el valor total de las exportaciones. Ante esta situación, el Banco Central de Bolivia tomó medidas en febrero de 2023, anunciando la compra de divisas a los exportadores con una tasa preferencial. Esta política, reminiscente de estrategias económicas de hace casi cincuenta años, ha provocado, una vez más, un aumento en la demanda de dólares por parte de la población, evidenciando un ciclo recurrente de desafíos económicos y respuestas gubernamentales.
La consecuencia directa de estas políticas fue la aparición de un mercado negro para el dólar. La incapacidad del sistema oficial para satisfacer la demanda creciente de divisas propició que el dólar se cotizara significativamente por encima del tipo de cambio oficial. Esta realidad, inevitable en tales circunstancias, precipitó una depreciación efectiva de la moneda nacional. Como resultado, se produjo un aumento en el costo de los productos importados; lo que finalmente llevó a un alza en los precios de los artículos de primera necesidad.
La justificación oficial para el reciente aumento de precios se ha centrado en factores como el agio, la especulación y el contrabando, argumentos que resuenan con las explicaciones proporcionadas en la década de los ochenta. En aquel entonces, la solución adoptada fue el congelamiento de precios, una medida que resultó en la escasez de productos en el mercado. Hoy, el gobierno ha optado por intensificar el control de precios en los puntos de venta. Aunque la respuesta de los comerciantes a estas políticas aún está evolucionando, la historia sugiere que los resultados podrían ser similares a los experimentados hace más de cuarenta años.
Además de las similitudes ya mencionadas, es crucial considerar las políticas salariales instauradas. Durante la década de los ochenta, se implementó un incremento salarial constante, el cual culminó en la propuesta de un sistema de indexación de sueldos al costo de vida. Esta política tuvo consecuencias desastrosas, sumergiendo a Bolivia en una espiral inflacionaria de la cual solo emergió con la adopción de un nuevo modelo económico. En la actualidad, se observa un aumento sostenido de los salarios mínimos, superando incluso la tasa de inflación registrada cada año. Aunque no se ha establecido un sistema de indexación formal, esta tendencia ya genera una presión inflacionaria adicional.
Un último punto de semejanza con el pasado se encuentra en los altos déficits fiscales originados por un excesivo gasto gubernamental. En la década de los ochenta, los altos gastos se debían principalmente al mantenimiento de empresas estatales deficitarias, incluyendo la Corporación Minera de Bolivia. En los tiempos actuales, los gastos también radican en el mantenimiento de empresas gubernamentales infructuosas. Sin embargo, a ello se suma el crecimiento exagerado del número de funcionarios públicos, llegando casi a la increíble cifra de medio millón. Esta expansión de la burocracia estatal plantea desafíos en términos de eficiencia, costos y sostenibilidad fiscal.
Si bien hay muchas similitudes con la situación previa a 1985, también existe una diferencia significativa: el subsidio a los hidrocarburos. Aunque esta medida ha aumentado considerablemente el gasto gubernamental, a costa de un mayor déficit fiscal, también ha logrado mantener cierta estabilidad en los precios hasta hace algunos meses. Sin embargo, la alta presión fiscal hace poco probable que se pueda mantener este subsidio sin contar con los recursos necesarios. Esta situación plantea una amenaza de mayor inflación en el futuro.
Durante las primeras décadas del Siglo XX, Aldous Huxley, el renombrado intelectual británico, articuló en uno de sus ensayos una observación perspicaz: “Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”. Ahora, a casi un siglo de esa reflexión, su relevancia resuena con mayor fuerza, especialmente en Bolivia. La actual crisis económica presenta sorprendentes paralelismos con la vivida en la década de los ochenta. Sin embargo, al parecer, nadie aprendió la lección.
El autor es Economista con Ph.D. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.