A pesar de la existencia de normativas legales que prohíben la tala, las quemas, la minería dentro de áreas protegidas, la caza furtiva, así como el tráfico, tenencia y venta de animales silvestres o partes de los mismos, como piel, cuero, dientes y plumas, las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno no hacen cumplir esas disposiciones, aduciendo desconocimiento o carencia de personal, entre otras cosas.
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