El pasado 26 de junio, los bolivianos fuimos testigos de un nuevo “evento histórico”. A través de transmisiones en vivo, vimos cómo un vehículo blindado destruía la puerta del Palacio Quemado. Minutos antes, militares del Ejército y también de la Armada ocuparon el perímetro del Kilómetro 0 de la ciudad de La Paz, desalojando a las personas que se encontraban en el lugar, excepto a autoridades de gobierno que oportunamente se encontraban en el sitio y que, a través de redes sociales, denunciaban que se suscitaba un nuevo “golpe de Estado”.
Luego de irrumpir en la puerta del Palacio de Gobierno, el insubordinado General Zúñiga encaró al Presidente del Estado, negándose a acatar la orden de replegar las tropas parapetadas en la Plaza Murillo. Luis Arce, al lado de su vicepresidente [en contrasentido a cualquier protocolo de seguridad], recordó al Comandante del Ejército que él es su Capitán General y que es su deber es el acatar sus órdenes. Zúñiga, quien estaba más atento a la comida que tenía en su boca, decidió darle la espalda y volver al blindado que fue usado para destruir la puerta. Militares y autoridades alrededor hacían un intento por aguantar la risa nerviosa que provocó la escena.
Como todos sabemos, el denominado “golpe de Estado”, o como algunos denominaron, “el Tilinazo”, en referencia al Mamertazo de 1951, se desactivó con el relevo del Alto Mando Militar, por lo que la aventura de insubordinación militar fue aplacada con este acto administrativo. Minutos después, el presidente, el vicepresidente y su equipo de colaboradores fueron vitoreados por sus seguidores en las afueras del Palacio Quemado, mientras que fueron abucheados por otros transeúntes que ingresaron a la plaza Murillo.
De esta manera, el 26 de junio se constituye en un nuevo “hecho histórico” dramático al que fue sometido el pueblo boliviano, que, angustiado, fue a las tiendas, mercados y supermercados para adquirir todos los maples de huevos y rollos de papel higiénico que fueran posibles, asimismo miles de vehículos se prestaban a kilométricas filas para no quedarse sin gasolina, por si el suceso de la Plaza Murillo se transformaba en uno de los tantos episodios de crisis de abastecimiento de productos, a los que los políticos bolivianos nos tienen acostumbrados.
Las preguntas que surgen son: ¿Merecemos seguir viviendo estos episodios de inestabilidad? ¿Por qué los militares nuevamente protagonizan un “evento histórico”? La respuesta a la primera pregunta debiera ser no, pero mientras elijamos autoridades que desinstitucionalicen nuestro país, no debiéramos darnos por sorprendidos ante nuevas situaciones parecidas. La segunda pregunta tiene que ver justamente con esta desinstitucionalización que promueve el Movimiento al Socialismo desde 2006. Recordemos cómo en el primer mandato de Evo Morales, de un plumazo, el Alto Mando Militar fue nombrado, saltándose tres promociones de quienes les correspondían.
Desde el año 2006, hemos presenciado la intromisión abierta y grosera de militares venezolanos y cubanos que, a título de “cooperación de los pueblos”, han influido para que nuestras FFAA se parezcan a las de sus países, incluyendo el cambio de la doctrina militar, sustituyendo el “Subordinación y constancia…” por el castrista “Patria o Muerte…”. Desde entonces la carrera militar ya no requirió de los mejores elementos para sus comandos, pues ya dejó de ser necesario que los coroneles primeros de cada curso sean promovidos a general; en su lugar, otros elementos como el “ll’unkismo”, la cercanía política, los avales sindicales y los contactos pasaron a ser más importantes.
La Constitución Política del Estado establece que la Cámara de Senadores debe ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a general de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a almirante, vicealmirante, contralmirante y general de Policía Boliviana (Art. 160 núm. 8). Esto no supuso mayor problema en los periodos de Evo Morales hasta 2019, tiempo en el que contó con holgada mayoría en esta instancia legislativa. Para el gobierno transitorio de Jeanine Añez, supuso la no ratificación por el Senado presidido por Eva Copa, que implicó en la degradación de los entonces Generales; tiempo después para el gobierno de Luis Arce, la aplicación de este imperativo constitucional supone problemas recién este 2024, por el conflicto interno que sostiene su gobierno contra el evismo. Por lo que queda en duda si el Senado ratificará cualquier cambio propuesto por el Ejecutivo. Pero que no nos sorprenda que el desinstitucionalizado y auto prorrogado Tribunal Constitucional lo haga de manera comedida, sacando del sombrero alguna sentencia constitucional que desdiga a la propia Constitución. Los masistas, mientras estén en el poder, seguirán promoviendo para los grados de Generales o Almirantes a ciertos Coroneles o Capitanes bobalicones, que en algunos casos son el puesto 48 de sus cursos. Seguirán quejándose de “golpe” en momentos en el que el país esté en vilo, producto de sus propias ineficiencias. Pese a eso, la mayoría creeremos que se trata de autogolpe, recordando antes que los sucesos sufridos en nuestro país en los años 70 y 80, los sucesos de Venezuela o Ecuador de un pasado más reciente.
El autor es Abogado.