Tras conocerse sobre una nueva determinación judicial para paralizar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, los legisladores opositores afirman que se trata de un exceso y una prueba más de que existen intereses del poder para evitar que el país cuente con nuevas autoridades de justicia, obligando a la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) a incumplir lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE).
El argumento de la resolución que nuevamente paralizó la preselección tiene que ver con la no habilitación de un postulante al TCP, tal como se estableció en una pasada orden judicial, lo que produjo que la Comisión Mixta de Constitución declare un cuarto intermedio en su trabajo, sin fecha para el reinicio de la fase de pruebas orales.
Ante ello, la senadora por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, rechazó que nuevamente se paralice este proceso por el exceso de una sala constitucional. «Bolivia necesita justicia y autoridades probas», expresó.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa sostuvo que esta nueva paralización, producto de una determinación judicial, evidencia que un verdadero «golpe» contra la Asamblea Legislativa, es promovido desde el Órgano Judicial y el Ejecutivo.
«El presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, el ministro Lima y los autoprorrogados, utilizando a los jueces, impiden el cumplimiento de la CPE y degradan aún más nuestra democracia», reprochó el exmandatario.
El lunes, el postulante al TCP, Charles Fernando Mejía Cardoso, interpuso una acción de Amparo Constitucional contra la Comisión Mixta de Constitución, por no haber revocado su inhabilitación. En tiempo record, esta instancia determinó paralizar el inicio de las pruebas orales para los participantes en la preselección para las elecciones judiciales.