En un esfuerzo por aumentar la conciencia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, una delegación nicaragüense estuvo reuniéndose con autoridades y actores políticos en Argentina esta semana.
Entre ellos se encuentran Juan-Diego Barberena, investigador y abogado de 28 años, y Tamara Dávila, activista y defensora de Derechos Humanos de 43 años que fue presa política y liberada con el grupo de los 222, antes de ser desnacionalizada y expatriada por el régimen Ortega-Murillo.
Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y del Directorio Político de la Concertación Democrática Nicaragüense Monte-Verde, habló con Infobae sobre la misión de la delegación y los desafíos que enfrenta su país.
“Esta es una delegación que se estuvo barajando desde hace ya unos seis meses, un poco más incluso, para venir a Sudamérica”, dijo Barberena, que estuvo en Buenos Aires entre el 30 de junio y 2 de julio.
Durante su visita, la delegación mantuvo reuniones con diversas figuras. “Estuvimos hablando con el presidente del Comité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados”, contó Barberena, en referencia a Fernando Iglesias. También destacó la reunión con Darío Richarte, abogado que acusó a Daniel Ortega y varios funcionarios públicos de crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción universal en Argentina.
El objetivo principal de estas reuniones es colocar nuevamente el tema de Nicaragua en la agenda internacional: “Es sumamente importante que no se deje de lado la denuncia constante de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”.
La delegación forma parte de una alianza política amplia y diversa. “Nosotros somos parte de una concertación, es decir, de una alianza política en donde hay organizaciones, partidos políticos, movimientos sociales de distintas tendencias políticas, ideológicas”, comentó. Barberena, quien se identifica con una postura más progresista y socialdemócrata dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, destacó la pluralidad de la organización.
Uno de los puntos centrales de su propuesta en Buenos Aires es la rendición de cuentas por parte del régimen Ortega-Murillo. “Hemos propuesto lo siguiente acá en Argentina: acudir a la Corte Internacional de Justicia para demandar al Estado de Nicaragua por violación al convenio de Apatridia. 316 personas fueron despojadas de su nacionalidad, declarados traidores a la patria”.
La situación de apátridia es uno de los temas más urgentes. “En ese sentido, hemos estado hablando con estos actores de la posibilidad de encontrar un patrocinador procesal, es decir, un Estado que puede interponer la demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Nicaragua”, agregó Barberena.
La Corte Penal Internacional también fue considerada, aunque presenta complejidades. “Nicaragua no es suscriptor del Estatuto de Roma, por lo cual hemos estado insistiendo mucho en que avance en la indagatoria que se interpuso acá, al amparo de la jurisdicción universal que establece la Constitución Política Argentina”, explicó. Esta estrategia busca activar mecanismos de rendición de cuentas mientras se trabaja hacia una transición democrática.
Además de estos esfuerzos legales, la delegación está presionando para que se tomen medidas financieras. “Uno es la importancia de obtener el apoyo del gobierno, incluso del Poder Legislativo, en el tema del financiamiento que está obteniendo la dictadura Ortega Murillo de las instituciones financieras multilaterales”, subrayó. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una de las principales fuentes de financiamiento del régimen, y Argentina, como socio extrarregional, podría influir en la suspensión de créditos.
La delegación también abordó el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI). “El FMI emitió dos informes en donde aplaude la gestión macroeconómica del régimen Ortega-Murillo”, señaló Barberena. Estos informes, según él, fueron utilizados como argumento para cancelar casi 4.000 organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo a la consolidación de un estado totalitario.
La delegación espera que estos esfuerzos resulten en un apoyo significativo para la causa del cambio político en Nicaragua.
Barberena también se refirió a los sistemas de rendición de cuentas y su efectividad: “Lo peor que podemos hacer es renunciar a esa acción jurisdiccional”. Al exigir el cumplimiento de sentencias internacionales, se coloca a Nicaragua en una posición complicada, especialmente cuando el propio país demandó a otros Estados en la Corte Internacional de Justicia.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses tomaron las calles para manifestarse contra unas controvertidas reformas a la seguridad social, que rápidamente derivaron en demandas de renuncia del presidente Ortega debido a su violenta respuesta. Según la CIDH, las protestas resultaron en al menos 355 muertos, aunque organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que el régimen de Ortega reconoce “más de 300″ víctimas.
El trabajo de Barberena en la defensa de los derechos humanos comenzó antes de 2018, pero se intensificó tras la insurrección cívica de ese año. En 2020, formó parte de un equipo promotor de una propuesta de reforma electoral para las elecciones de 2021, que Ortega terminó boicoteando.
Desde entonces, Barberena continuó trabajando por la unidad de las fuerzas opositoras en Nicaragua. “He estado trabajando en este espacio de la Concertación Democrática para crear una alternativa política distinta a la dictadura Ortega-Murillo”, afirmó. Este esfuerzo busca no solo un cambio político, sino también evitar que futuras generaciones tengan que vivir bajo un régimen represivo.
El impacto de la crisis en Nicaragua fue devastador, especialmente para los jóvenes. “Más de 300 no están porque los mató la dictadura”, lamentó Barberena. La confiscación de universidades y la emigración masiva también afectaron gravemente las oportunidades para la juventud nicaragüense.
A pesar de estos desafíos, Barberena se mantiene optimista sobre el futuro. “La convicción del cambio político se mantiene intacta”, dijo, señalando que el rechazo al régimen es generalizado, aunque la movilización sea limitada debido al control estatal: “El rechazo a la dictadura es total”.
La respuesta internacional mejoró en los últimos años. “Hemos logrado que la OEA, a pesar de que Nicaragua no es parte, constituya un grupo de trabajo para atender la situación”. Además, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas imputaron al régimen Ortega Murillo por crímenes de lesa humanidad.
“Gobiernos progresistas como el de Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile también condenaron las acciones de Ortega”, rompiendo con la tendencia de apoyo de la izquierda democrática en el pasado”, aseguró Barberena.
A pesar de estos avances, Barberena enfatiza que se necesitan acciones concretas para debilitar los pilares de poder del régimen: “Hace falta que se tomen medidas que puedan generar efectos y debilitar los pilares de sostenimiento del poder de Ortega”. (Infobae)