No se puede negar los hechos que se produjeron la semana pasada y que causaron intranquilidad en la ciudadanía y terminaron sin pena ni gloria, después de seis horas de impaciencia general. El suceso era intuido por la culminación de una crisis originada un año atrás debido al problema de la elección de magistrados por vía popular, el mismo que no tenía solución y que se fue complicando por una serie de hechos. Y los debates llegaron a su máximo nivel con la crisis económica que padece el país, la crisis judicial, la crisis política y una ola de medidas de presión, como paros, bloqueos de caminos, marchas de gremiales, etc.
Esos y otros problemas se juntaron y se empezó a ver nubarrones de tempestad y que se precipitarían acontecimientos de magnitud, lo cual era mal atendido por el gobierno, que estaba dedicado a aspectos políticos electorales, como la división en el partido gobernante, el enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, ambos empeñados en ver cuál sería el candidato a asumir el manejo de las riendas del país mediante las elecciones generales de 2025 y pueda evitar la desbocada carrera al abismo en que se encuentra el Estado plurinacional.
Al respecto, cabe recordar antecedentes que provocaron una situación política revolucionaria que estalló en noviembre de 2019, pero sin dirección partidaria, solo en manos de la espontaneidad. Más aún, todos esos problemas acumulados fueron advertidos por el presidente Luis Arce que manifestó que “el país está jodido” y que necesitaba mejorar su popularidad, a lo que respondió el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas, Juan José Zuñiga, con dudosas opiniones.
Naturalmente, la crisis general tenía que surgir y lo hizo el 26 de junio, aunque a la una de la tarde, cuando en medio del caos, tanquetas tomaron la Plaza Murillo, dando comienzo a un amotinamiento militar, tanto confusa como inoportuna que, por falta de apoyo, abortó a seis horas de su estallido. La breve conmoción se hizo más confusa y el grupo de militares se retiró con los crespos hechos. Entonces empezó la búsqueda de los culpables de tal insubordinación improvisada. La “cacería de brujas” empezó por el Comando militar que fue destituido y su jefe máximo fue apresado junto con otros comandantes y oficiales y alguno que otro civil. En poco tiempo, el número de presos aumentó y altos jefes militares fueron a la cárcel, en una especie de lavatorio de manos. Pero se agrava la crisis y la situación política convulsiva solo fue postergada, con una exagerada represión política a malos jefes militares y a su dignidad. Algo parecido pasó con el general Kaliman, con motivo de la insurrección popular de noviembre de 2019. Hubo persecución a altas autoridades militares, a una expresidenta del Estado Plurinacional y otros uniformados.
Pero el asunto no termina ahí, pues las acciones de represión tienen efectos múltiples y se vuelve a encapotar el cielo y resurge un estado de situación política convulsiva espontánea. Entonces, la medicina resulta peor que la enfermedad, cuando más se trata de venganza que de justicia. No se trata de justificar los hechos del miércoles pasado, pero se debe buscar justicia y no crear mártires. No solo se debería adoptar medidas inquisitoriales, sino enjuiciar a los protagonistas, para aclarar las causas de la crisis, actuando a la vez con espíritu de grandeza.
Excesiva radicalidad con jefes militares
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