Tras la aprehensión, en flagrancia, de un funcionario de la Cámara de Diputados, mientras extorsionaba al dueño de una empresa de servicios que opera en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), legisladores cuestionan que dentro la instancia encargada de fiscalizar y garantizar la transparencia en la administración pública se vea envuelta en hechos de corrupción
El hecho fue repudiado por asambleístas de distintas fuerzas políticas quienes exigieron celeridad en las investigaciones hasta sancionar a todos los implicados en este acto delictivo.
Al respecto, la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, reprochó que mientras la presidencia de la ALP determinara ingresar en receso, funcionarios sean descubiertos en preocupantes hechos de corrupción.
«Los ratones están de fiesta. Exijo a Huaytari mostrar cámaras de seguridad y transparentar la información con todos los medios de comunicación. Si se demuestran vínculos con alguna autoridad, la misma deberá ser destituida de inmediato», exigió la Legisladora, detallando que la persona aprehendida desempeñaba funciones como «jefe de contrataciones» en la Cámara Baja y operaba a nombre del oficial mayor y un diputado del MAS.
Al respecto, la diputada Luisa Nayar, lamentó que el primer poder del Estado se vea envuelto en hechos de corrupción, exigiendo la inmediata destitución de todos los implicados y sus cómplices.
«Si el señor Israel Huaytari está en sus cabales, se debe destituir a la máxima autoridad ejecutiva vinculada con estos hechos», dijo.
Asimismo, cuestionó que la institución encargada de fiscalizar y garantizar que exista transparencia dentro de las instituciones públicas esté vinculada, una vez más, a hechos de corrupción. «Esto no se puede pasar por alto, es preciso investigar y sancionar a todos los responsables», agregó.
Ayer, un funcionario de la Cámara de Diputados fue aprehendido en un restaurante del centro paceño, cuando presuntamente recibía el dinero de un soborno que había exigido a cambio de una contratación.
El denunciante, dueño de una empresa que presta servicios en la ALP, estuvo en la aprehensión en compañía de su abogado, posteriormente reveló que fue citado para entregar 40 mil bolivianos como parte de un soborno bajo la amenaza de perder su contrato.