Avasallamientos e inseguridad jurídica

Hoy más que nunca el país necesita atraer capitales, internos o externos, para lograr de verdad una recuperación económica, frente a la actual crítica situación económica que aflige a la mayoría de los bolivianos, a quienes no viven de la política, que no tienen cargos públicos con jugosos haberes ni se dedican a actividades cuestionables como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal o a los avasallamientos de tierras fiscales o particulares.
Sin embargo, en los últimos años han proliferado las tomas de tierras por los llamados interculturales en varias regiones del país, algunas veces de manera violenta, sin que las autoridades nacionales hubieran mostrado voluntad para investigar todos los casos oportunamente y sancionar a los culpables de atentados contra la propiedad privada o fiscal. Generalmente han sido conocidas unas cuantas detenciones, pero los procesos legales avanzan a paso de tortuga o al poco tiempo los delincuentes van quedando en libertad.
El caso con mayor repercusión es del 28 de octubre de 2021, cuando grupos armados de avasalladores ingresaron a la propiedad privada Las Londras, del municipio de El Puente, en la provincia Guarayos, en Santa Cruz. Y cuando llegó a ese predio gente de prensa para filmar el lugar, ya que un día antes hubo enfrentamientos entre trabajadores de las haciendas y los tomadores de tierras, con heridos de bala, se produjeron brutales agresiones y 17 personas, entre periodistas, policías y civiles, fueron tomadas como rehenes por varias horas. Al respecto, las investigaciones avanzaron lentamente ya que, supuestamente, el caso es “complejo”, seguramente porque la administración de la justicia en nuestro país es deplorable.
Desde entonces las tomas de tierras han proliferado y recientemente la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció la toma violenta de una propiedad agrícola en El Puente, municipio del Norte Integrado de Santa Cruz. Lo peor es que grupos violentos generaron temor en los trabajadores, provocaron incendios y destrucción de plantaciones de soya, maíz y terrenos aptos para ganadería. También fueron avasalladas haciendas en las cuales han invertido productores brasileños y naturalizados bolivianos.
Lo paradójico es que tales tomas de tierras se produjeron cuando llegaba al país el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lo que hace ver que en Bolivia no se respeta la propiedad privada y prevalece la inseguridad jurídica, particularmente en el oriente. Y a pesar de que las instituciones que agrupan a los afectados han demandado al gobierno que sean procesados legalmente los avasalladores, la falta de voluntad gubernamental para cortar de raíz ese mal es manifiesta, a pesar de que se requiere con urgencia la llegada de capitales para una verdadera reactivación económica.