El Poder Judicial decidió prolongar por 18 meses la prisión preventiva que enfrenta el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, a raíz del autogolpe que orquestó en diciembre de 2022, cuando fue destituido.
El fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, hecho público ayer, revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses. El tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la prolongación de la prisión preventiva.
Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta. Adicionalmente, pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
La resolución señala que, aunque Castillo ejercía el cargo de presidente y previamente era docente de primaria, con domicilio familiar estable, existió una «voluntad clara» de huir del país y acceder a la Embajada de México, a pesar de que días atrás el ex gobernante mostró un documento en que la sede diplomática aseguraba que no le dio asilo.
«Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva», añade.
El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, periodo en el que el juez Juan Carlos Checkley analiza la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente.
Red de corrupción
Independientemente de la decisión de la Corte Suprema, Castillo hubiera seguido tras las rejas por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno. El fiscal supremo Helder Terán proyectó una pena de más de 31 años de cárcel para el ex gobernante, a quien se le imputan cargos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, con la condena total estimada de 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias y 6 años y 4 meses por colusión.
La investigación también implica a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes se ha solicitado prisión preventiva. El expediente abarca presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y otros supuestos casos de corrupción relacionados con Petroperú y el Ministerio de Vivienda. (Infobae)