Asegurando que medidas de presión como el bloqueo de caminos, son el recurso al que más recurren los diferentes sectores sociales para la resolución de sus demandas, desde la Defensoría del Pueblo se señaló que el Estado boliviano debe mejorar sus mecanismos de gestión de la conflictividad, evitando priorizar la represión antes que la búsqueda de acuerdos.
«Hay la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión de conflictividad, como única forma de resolver estos conflictos, estas demandas de la sociedad. Este es un mensaje claro hacia el Estado, para que, oportunamente, se puedan gestionar estas demandas sociales, que pueden tener cierta legitimidad, pero el momento en que se traducen en una medida de presión, implica que no hubo una atención oportuna por parte del Estado», observó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
Ejemplifica esta situación con lo sucedido hace semanas en el municipio de Caracollo, cuando organizaciones sociales protagonizaron un bloqueo de caminos que fue intervenido mediante represión policial para desbloquear las vías obstruidas.
En esa línea, la autoridad defensorial cuestionó que se esté «priorizando la represión antes que el acuerdo» ante los diferentes hechos de conflictividad que se suscitan en el país.
Durante la presentación del informe sobre conflictividad en el segundo trimestre de 2024, Callisaya develó que, en este período, se han registrado 171 hechos de este tipo, en los cuales se cuenta con 119 conflictos sociales como tal y 52 alertas tempranas.
El Defensor del Pueblo detalló que, de los 171 conflictos registrados, el departamento de La Paz reporta 41 hechos de conflictividad, siendo el que mayor cantidad de demandas registra, seguido de los departamentos de Cochabamba con 27, Potosí con 25, Chuquisaca con 23, Santa Cruz con 21 y Beni con 20, seguidos por Tarija con 10 y por último los departamentos de Oruro con 3 y Pando con uno.