Inseguridad en unidades educativas

Varias investigaciones señalan que la educación en nuestro país enfrenta problemas que no han sido resueltos desde hace años y para los cuales se demanda acciones con decisión y coordinación. Particularmente son requeridas políticas educativas efectivas y sostenibles, para el mejoramiento del sistema educativo. En síntesis, se trata de trabajar intensamente de manera colectiva para mejorar la calidad educativa, hoy tan venida a menos, a fin de brindar mejores oportunidades de capacitación a los estudiantes actuales y del futuro en Bolivia.
Sin embargo, no se vislumbra pasos en ese sentido y solamente surgen anuncios sobre medidas parciales e improvisadas, como la llamada “actualización de la currícula escolar”, que implica para primaria añadir temas como lengua originaria y extranjera, actividades económicas en comunidad, nociones de estadística, teoría básica de robótica, etc. Mientras que para secundaria se incluye, entre otras materias, salud sexual y reproductiva, matemática financiera, profundidad en lengua originaria y extranjera, leyes bolivianas, la inflación y el PIB, métodos de investigación y construcción de proyecto de vida y otros de carácter político y salud sexual integral que son motivo de controversia.
Por ello se observa la intención de hacer cambios sin planificación, pues como algunos docentes han advertido, para esas materias se requiere preparación especial, la cual no ha sido considerada en su total dimensión. Por otra parte, primero se debió atender necesidades que son notorias en unidades educativas, especialmente en las que no están en los centros urbanos, las cuales no gozan de la infraestructura necesaria ni de las herramientas tecnológicas que son propias de la era actual.
Tampoco se ofrece a los estudiantes, en varios casos, seguridad para que no sean objeto de agresiones, particularmente las niñas y adolescentes, inclusive por parte de compañeros de estudio, maestros y personal administrativo. Para empezar, se debería tener mucho cuidado en seleccionar a los que trabajen en unidades educativas, averiguando antecedentes personales, porque se trata de garantizar que las menores estudien en condiciones favorables.
Y surge la alarma cuando medios de comunicación informan sobre hechos que, al parecer, son tomados a la ligera por las autoridades correspondientes. Y es que hace poco se conoció que por lo menos cuatro niñas, entre 12 y 15 años de edad, de un colegio de Santa Cruz, habían sido vejadas por otro estudiante. Lo increíble es que los padres de familia al enterarse de las agresiones sexuales, cometidas en fechas distintas, se encontraron sin apoyo para las investigaciones pertinentes y la sanción al acusado. Y a pesar de que éste había sido hallado por los propios padres de familia, que también cuentan con pruebas forenses y de psicología, no fue retenido por las fuerzas policiales.
En verdad, causa indignación este caso, por la indolencia de organismos de control policial, de defensa de niños y adolescentes y otros, a los cuales, al parecer, no les conmueve este drama que afecta a varias familias que piden justicia.