Informalidad y jubilación forzosa

Actualmente en el país es cada vez menor la cantidad de empleos formales, es decir aquellos que implican salarios mensuales y una serie de beneficios sociales. Y desde el 2006, cuando el gobierno queda en manos del MAS, poco se ha hecho para revertir esa situación que afecta a millones de bolivianos. Desde ese año solo ha crecido la burocracia estatal, dándose curso a una repartija de cargos públicos entre masistas, sin que importe, en muchos casos, si los nuevos funcionarios estaban capacitados para desempeñarse con eficiencia. Prevaleció, lamentablemente, otros “méritos”, como haber sido dirigente sindical o haber contribuido económicamente en campañas electorales del partido azul.
En ese sentido, cuando los reclamos de la población aumentaban, los voceros de oficialismo recurrían a declarar que Bolivia tiene la menor tasa de desocupación de la región, pero la realidad es diferente. Cuando las empresas formales carecen de apoyo estatal, son objeto de acoso tributario o desleal competencia por el contrabando, o cuando desde el propio Estado se anuncia la creación de empresas, sin previa coordinación con el sector privado, las consecuencias son la reducción o cierre de operaciones, o la salida de empresas nacionales a países vecinos, donde se les ofrece mejores condiciones laborales. Tal situación también es agravada hoy por la falta de dólares.
Ante la falta de empleos, miles de ciudadanos, inclusive profesionales, son obligados a ingresar a la informalidad. Es decir que surgen los trabajos por cuenta propia, que dan ganancias mínimas u ocasionales, sin goce de beneficios sociales. Tal situación laboral empeoró en los últimos años con el covid-19, que impuso la disminución de numerosas actividades. En consecuencia, el aumento de ocupaciones precarias no debería ser motivo para hacer creer que el nivel de desempleo ha bajado en nuestro país.
No obstante, frente a la necesidad de contar con empleos solo se recurre a medidas cuestionables, como tratar de imponer la jubilación forzosa a los 65 años, menos para políticos. Desde la opinión pública se observa que así se trataría de honrar un compromiso con la COB, seguramente para dar cargos públicos a masistas, cuando se acercan las elecciones generales. Por ello varios sectores sociales se encuentran movilizados en contra de tal proyecto discriminatorio. Y es que, para empezar, varios sectores sociales no rechazan la jubilación, pero demandan que sea digna, no una que los condene a la miseria. Además, los militares reciben pensiones con el cien por ciento, mientras el resto llega a niveles ínfimos y sin una actualización permanente de valor.
Al parecer predominan intereses mezquinos, a fin de favorecer a los partidarios del oficialismo, sin preocupación por la situación de los jubilados de hoy y de mañana. Tampoco se toma en cuenta que, por los actuales problemas políticos y sociales, aumenta la informalidad y con ella la pobreza.