Parte II
La condición política básica para el logro de tal desregulación es que de las elecciones generales del 2025 surja una agrupación o frente político con capacidad de lograr una representación en el Parlamento que pueda concertar y llevar a cabo cambios institucionales fundamentales, a partir de modificaciones en la Constitución Política del Estado, seguido por leyes, reglamentos y procedimientos que obstruyan el logro de tales objetivos y que, además, tenga la capacidad de estar acompañado por un movimiento de sectores sociales con suficiente fuerza disruptiva y capacidad de movilización e interesados en acceder a oportunidades de acceso a mejoras de calidad de vida autosustentables en el tiempo, a través de mecanismos distintos a los ejercidos por el MAS. Esto es, mediante incentivos y apoyo al trabajo y ahorro individual, que promueva una necesaria y fundamental ética de trabajo y esfuerzo, lejos de un paternalismo estatal.
Entre las tareas concretas más importantes que debieran llevarse a cabo, como una prioridad, debiera considerarse una reforma judicial integral que haga más simple, transparente y accesible la aplicación de la justicia en todos los ámbitos, específicamente en el campo de la actividad económica, que ofrezca seguridad jurídica tanto a las personas naturales como jurídicas, sin discriminación, ya sea por tipo de asociación o nacionalidad y que acabe con una posición de predominancia abusiva por parte del Estado sobre los intereses privados. Por ejemplo, debe hacerse abierta la aplicación, sin ningún tipo de condicionamiento, de los instrumentos de conciliación y arbitraje, tanto a nivel nacional como internacional, que la propiedad privada sea irrestricta, no sujeta a algún tipo de condicionamiento; que no ponga traba a la promoción de la inversión y la actividad económica sin ninguna discriminación, independiente del tipo de organización colectiva u origen del accionista. Teniendo en cuenta que un plan ambicioso de crecimiento, requiere como componente esencial de la inversión extranjera y que contemple cambios en cargas tributarias que hagan al país competitivo respecto a los otros países de la región concordantes con una visión proactiva de la actividad económica.
En el campo de los Hidrocarburos se deberá emitir una nueva ley que sea atractiva a la inversión extranjera.
Libre acceso y garantía a la propiedad privada del suelo y subsuelo y al producto de los mismos debe estar plenamente garantizado, libre de interferencia del Estado. A raíz de la falta de esa garantía es que el país condenó a un estancamiento el desarrollo de una minería moderna de alta tecnología con respecto a las normas medioambientales del país, que requiere importantes montos de inversión de riesgo en exploración y desarrollo.
Se deberá desregular el mercado de tierras, estableciendo límites al tamaño de la propiedad y si se tratara de dotación de tierras fiscales, hacerlas a través de licitaciones con precios bases establecidos por consultoras independientes y condicionando niveles mínimos de inversión y trabajo en las mismas. Se debería eliminar la indivisibilidad que dio origen al minifundio y al desincentivo en la inversión en el agro en todo el occidente del país, al abandono continuo de tierras de las zonas rurales y establecerse la libre comercialización de las propiedades agrarias, independientemente del tamaño de éstas. Existen estimaciones sobre que alrededor de 500.000 hectáreas están abandonadas en el occidente. Un impulso importante al agro especialmente en el sector occidental es importante, por lo que, sí en esta área se requeriría inversión estatal a manera de capital semilla para el desarrollo de mayor infraestructura, caminos, electrificación, comunicación, riego, etc., no solo a través de inversión directa sino a través provisión de financiamiento a entidades financieras privadas, que permita aumentar la productividad y consecuentemente rentabilidad de la inversión. Inversión estatal que luego debiera ser recuperada a través de la introducción de tributos a la producción.
Respecto a las compras y contrataciones estatales, deberá emitirse una nueva norma, moderna, transparente y con alto profesionalismo, libre de injerencia de las decisiones del Poder Ejecutivo, y donde tengan un lugar privilegiado las concesiones.
El autor es economista.