La Central Indígena Chiquitana “Amanecer” Roboré (Cichar) que agrupa a dieciséis comunidades emitió en las últimas horas una solicitud dirigida a Jiovana Padilla, directora departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de Santa Cruz (AJAM Santa Cruz) solicitando una respuesta escrita y respaldada en las normativas legales e internacionales como la Constitución Política del Estado y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras, respecto a cuál sería el motivo por el que autorizó trabajos mineros en el sector.
El documento de la central indígena cita al artículo 2 de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce el carácter ancestral y precolonial de los pueblos indígena originarios, por su parte el artículo 30, párrafo II, numeral 10, les reconoce: “A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”, así como a ser consultados mediante procedimientos apropiados, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en los territorios que habitan (numeral 10, mismo párrafo y artículo de la CPE).
La AJAM Santa Cruz habría autorizado trabajos de prospección y exploración por parte de la empresa minera Walfremar SRL en las comunidades indígenas de Aguas Calientes, Yororoba y Quitunuquiña de la jurisdicción del municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, afectando además la reserva natural del Valle de Tucabaca.
Respaldándose en todos los antecedentes legales que la Cichar cita, reitera su solicitud a la autoridad minera de Santa Cruz de una respuesta escrita considerando apropiadamente las normativas expuestas y proyectando acciones tutelares adecuadas a la preservación del entorno natural de esa región.
RESOLUCIÓN
En ese sentido la organización indígena, en su calidad de representantes legítimos y luego de analizar y reflexionar sobre la autorización gubernamental para realizar acciones de exploración y explotación minera en sus territorios, emitieron la pasada semana una resolución rechazando enérgicamente esas actividades para precautelar sus fuentes de agua, sus derechos, sus bosques, su biodiversidad y sus sistemas de vida.
Por ende, la resolución rechaza toda actividad minera y conmina a paralizar todo proceso de autorización, exploración y/o explotación de recursos mineralógicos al interior de territorios ancestrales, advirtiendo con expulsar e incautar bienes a los operadores privados, estatales y cooperativas.
De la misma manera, todas las comunidades indígenas del municipio de Roboré se declaran en estado de emergencia y alerta permanente ante la autorización estatal para actividades mineras, demandando paralelamente al Estado boliviano el respeto irrestricto a la autonomía territorial indígena y actuar contra toda forma de explotación extractivista que atente contra el patrimonio natural y cultural.
Llaman a todas las instancias competentes y responsables del control y fiscalización ambiental, así como a la ciudadanía en general comprometida con la justicia social y ambiental, a solidarizarse con la causa indígena, reforzándose para ello en un amplio contexto jurídico que refrenda la postura de esas dieciséis comunidades.
Precisamente firman la resolución las comunidades indígenas Quitunuquiña, Naranjos, Gavetita, San Rafael, Aguas Calientes, San Lorenzo de Tucavaca, San Pedro, Motacusito, Santiagoma, San Lorenzo Nuevo, Aguas Negras, entre otras, así como sus autoridades y organizaciones afines. (Santa Cruz, Erbol)