Entre enero y julio de este año, se registraron 44 episodios de vulneración de derechos y libertades fundamentales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de las cuales 41 están relacionadas con la institucionalidad democrática, lo que evidencia el grave deterioro del Estado de Derecho, según un análisis de Unitas.
Otros tres casos tienen que ver con la libertad de prensa y se plasmaron en acciones directas de agresión entre asambleístas, omisiones en la transparencia de sus actos, apego a la norma, amenazas a periodistas y otros.
El dato corresponde al Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, que agrupa estas vulneraciones en cinco eventos detonantes: las elecciones judiciales, la prórroga del mandato de magistrados, los conflictos partidarios, la corrupción y los actos contrarios al ejercicio de derechos.
En la primera categoría se agrupan cinco vulneraciones cometidas en contra de la institucionalidad democrática. El 22 de febrero, la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de pelea entre legisladores del ala arcista y opositores, los primeros exigiendo la aprobación de siete créditos enviados por el Órgano Ejecutivo y, los segundos, demandando la cesación de funciones de los magistrados que prorrogaron su mandato.
Las agresiones no sólo se dieron entre asambleístas, sino también entre simpatizantes y organizaciones sociales que, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, optaron por cerrar y obligar a los legisladores a aprobar los créditos y, también, se enfrentaron por las mismas demandas en alrededores de la Vicepresidencia.
La violencia en la Cámara de Diputados se volvió a repetir el 27 y 29 de febrero. El 27 se suscitó una jornada violenta en la Cámara de Diputados, luego de que un grupo de legisladoras de oposición acudió hasta la testera para impedir que se prosiga con la sesión, que preveía, primero, el tratamiento de los créditos internacionales y, al final, la cesación de la prórroga de los magistrados.
Son un total de 23 vulneraciones cometidas por acción directa u omisión derivadas del proceso de preselección de candidatos para las altas cortes del país, 22 de los registros tienen que ver con atentados a la institucionalidad democrática y una con la libertad de prensa.
Los conflictos partidarios al interior de la Asamblea Legislativa también han generado diez vulneraciones a la institucionalidad democrática en estos siete meses del año. Por ejemplo, con la no convocatoria a sesiones de la Cámara de Diputados este año y la alegación del presidente de esta instancia, Israel Huaytari, de que ello implica un gasto de 35.000 bolivianos (23/04/24).
Por otro lado, se han denunciado actos de corrupción en el último tiempo en la Cámara de Diputados, una vincula a funcionarios cercanos al presidente Israel Huaytari, quien tuvo que destituir al Oficial Mayor, al jefe de Recursos Humanos y a otros funcionarios por presuntos actos de violación sexual y extorsión en esta entidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que “el grave deterioro del Estado de Derecho en un Estado parte no sólo repercute en los niveles de gobernabilidad democrática; por el contrario, la experiencia histórica en Latinoamérica ha demostrado que el deterioro institucional implica la afectación de derechos fundamentales y crea un caldo de cultivo para posteriores situaciones de violaciones a los derechos humanos”.
En ese sentido, la CIDH ha destacado que, para lograr un desarrollo democrático participativo y estable es necesario contar, entre otras, con un poder legislativo independiente y eficaz. Por lo tanto, es fundamental para los países contar con un poder legislativo independiente y eficaz que pueda actuar como garante de la democracia. Solo de esta manera se puede asegurar un desarrollo democrático participativo y sostenible, que proteja los derechos humanos y fortalezca las estructuras institucionales para prevenir futuras violaciones y garantizar la gobernabilidad democrática. (Sumando Voces)