Rememorando 199 años desde la independencia de Bolivia, la Defensoría del Pueblo demandó ayer que las autoridades de Estado y políticos promuevan urgentemente un “encuentro sincero” en el que se consolide un acuerdo nacional para buscar soluciones alternativas a la actual situación que atraviesa el país.
Mediante un pronunciamiento emitido ayer, la Defensoría del Pueblo manifestó que ante la fragilidad institucional que enfrenta el país, el Estado y las autoridades deben realizar un encuentro sincero ante la amenaza de que “los logros democráticos alcanzados con tanto esfuerzo” a lo largo del proceso histórico boliviano queden socavados.
“El Estado, los actores políticos y los tomadores de decisión, deban redoblar sus esfuerzos para fortalecer a nuestras instituciones democráticas y promover un desarrollo económico que beneficie a las y los bolivianos, por eso es urgente un encuentro sincero que permita un acuerdo nacional para buscar soluciones alternativas a la actual situación”, se lee en el documento.
Asimismo, la Defensoría mencionó que la coyuntura actual pone en riesgo la estabilidad institucional y el funcionamiento del sistema democrático, “exacerbando las desigualdades sociales y con mayor afectación los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
En el 6 de Agosto, efeméride de la independencia nacional, la Defensoría resaltó la resiliencia de la población boliviana y los desafíos que enfrentó para consolidar un sistema democrático. Si bien dejaron “profundas cicatrices”, estas luchas mostraron la “necesidad imperiosa de nunca dar por sentada nuestra libertad y dignidad”.
El mensaje finalizó reiterando que la población debe reafirmar su compromiso con valores que definen al Estado Plurinacional: “recordamos a quienes hicieron posible nuestro país más libre, justo y solidario, pero también debemos recordar y reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la justicia social”.
ELECCIONES
JUDICIALES
En cuanto a las elecciones judiciales, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, aplaudió la aprobación de las listas de preseleccionados y espera que el proceso concluya con la población ejerciendo su derecho político a elegir a sus autoridades judiciales.
“Lo importante es ratificar la necesidad de que la población pueda elegir a sus autoridades judiciales, recuperar el ejercicio del derecho político de elegirlas”, señaló ayer a los medios de comunicación.
Callisaya manifestó que, concluido el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), le corresponde al Tribunal Supremo Electoral “materializar” este ejercicio democrático.