Los 30 años de la declaración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Organización de Naciones Unidas y en Bolivia, la lucha indígena, que comenzó cuatro años antes con la histórica marcha de 1990 para el reconocimiento pleno de sus derechos a la tierra y territorio, autonomías, justicia y consulta previa, actualmente tiene aún mucho camino por recorrer, afirmó el director de la regional Oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo.
Vadillo señaló que la marcha de 1990, que recorrió el país desde Trinidad hasta La Paz, fue fundamental para que Bolivia tomara conciencia de la existencia de un conjunto de pueblos indígenas históricamente invisibilizados. Estos territorios, en su mayoría localizados en los bosques del oriente, eran considerados “espacios vacíos” destinados a la colonización, una perspectiva que la marcha desafió radicalmente.
“La marcha de 1990 se realizó bajo la consigna de territorio y dignidad, términos que encapsulaban las demandas de los pueblos indígenas de ser reconocidos no solo como comunidades productivas sino como pueblos con derechos colectivos inherentes (…). Durante décadas, estos pueblos fueron denominados de manera peyorativa como “grupos marginales” o “bárbaros”, sin que se les reconociera su estatus como “sujetos de derecho”, rememoró.
Uno de los avances más significativos desde entonces fue la reforma de la Constitución Política del Estado de 2009, que reconoció a los pueblos indígenas como “naciones y pueblos indígena originarios”. Este reconocimiento constitucional no solo admitió la existencia de estos pueblos y sus culturas, sino que también afirmó que tienen derechos precedentes al Estado boliviano, lo que representó un gran salto en términos de derechos colectivos.
“En el proceso de estos 32 años, pues hay un avance enorme. A partir de ahí, los pueblos indígenas son sujetos de derecho, tienen derechos colectivos, derecho al territorio, tienen derecho a sus recursos naturales, a sus medios de vida y la constitución, incluso, se les reconoce el derecho a la libre determinación. En este sentido es un gran salto, me parece importante ese derecho a la identidad y a la cultura”, enfatizó.
TIERRA Y TERRITORIO
En cuanto a la demanda de tierras y territorios, la marcha del 90 marcó el inicio de un proceso que, en las últimas tres décadas, ha resultado en el reconocimiento de una cuarta parte del territorio boliviano como tierras indígenas. Según Vadillo, alrededor de 13,5 millones de hectáreas en las tierras bajas y 12 millones en las tierras altas han sido reconocidas como territorios indígenas. Este avance es monumental, pero no está exento de nuevos desafíos.
A pesar de los avances en el reconocimiento de territorio en favor de los pueblos indígenas, Vadillo advirtió que en el tema de derecho al territorio hay una creciente amenaza, que son los asentamientos ilegales. En especial, las tierras bajas están plagadas de asentamientos ilegales, una problemática que afecta a más de 58 territorios indígenas. “La falta de intervención del Estado para desalojar a los ocupantes ilegales pone en riesgo la integridad territorial y los recursos naturales de estas comunidades. Además, la expansión de la frontera agrícola, los proyectos de desarrollo a gran escala, y la minería en los ríos de la Amazonía representan serias amenazas para la supervivencia de los pueblos indígenas”.
En este contexto, también se debe tomar en cuenta que en los últimos años se han identificado pueblos indígenas que son de contacto reciente, que son poblaciones que aún están reclamando su derecho a territorio como los Ese ejjas y los Tsimane, casos que son de conocimiento de relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y que fueron refrendados en el informe del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas.
“Estos pueblos hasta hoy carecen de ese derecho territorial. Son amenazados, incluso por nuevos asentamientos, por la expansión de frontera agrícola, por las megaobras, por proyectos de desarrollo como el complejo azucarero en San Buenaventura que amenaza su territorio”, expuso Vadillo.
AUTONOMÍA INDÍGENA
Otro de los problemas se presenta con la autonomía indígena, que es uno de los derechos reconocidos por la Constitución de 2009, la cual avanzó lentamente. En 15 años, solo tres autonomías indígenas han sido establecidas en Bolivia, un progreso que Vadillo describe como lento y complicado. Este proceso enfrenta el desafío de una ley de autonomías que, por el momento, invierte las relaciones históricas, exigiendo que los pueblos indígenas demuestren su capacidad de gestión y organización según los estándares estatales, en lugar de que el Estado se adapte a las particularidades de cada pueblo.
“Nosotros decíamos que los indígenas son precedentes al Estado boliviano, que Bolivia es hija en términos cronológicos de las naciones indígenas, pero la Ley de Autonomías lo coloca al revés. Eso significa que deben asumir formas de organización, de estructuras políticas, organizativas, demostrar su capacidad de gestión como si fueran un municipio. Y en la medida que demuestren que se parece a papá Estado, el Estado los reconoce como hijos y les da autonomía. Entonces, éste se ha convertido en un nuevo mecanismo, incluso de asimilación colectiva de los indígenas a lo que es la sociedad dominante y la estructura estatal”, advirtió.
CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA
Otro aspecto crítico es el derecho a la consulta previa, libre e informada, un mecanismo fundamental para que los pueblos indígenas puedan decidir sobre el tipo de desarrollo que desean en sus territorios. Aunque este derecho está consagrado en la ley, en la práctica ha quedado reducido a un mero trámite administrativo, lo que mina la capacidad de los pueblos indígenas para proteger sus territorios y modos de vida.
“Debemos respetar que cada uno de estos pueblos tiene el derecho a decidir cómo quiere llevar adelante su vida; y si algo les afecta, pues el país tiene que respetar que el desarrollo de uno no puede ser a costas de la vida y la cultura de otros. Este es el principio de la consulta previa libre informada que hasta este momento ha quedado simplemente como un procedimiento administrativo de ir a informar, consultar y luego en el tema de hidrocarburos definir un X porcentaje que ya está definido por decreto para obras de tipo social que son obligación del Estado y que con estos recursos de hidrocarburos, simplemente están sustituyendo la obligación estatal con ese tipo de proyectos y de acuerdo”, aseveró Vadillo.
JUSTICIA INDÍGENA
Finalmente, el último tema está referido a la justicia indígena, también reconocida en la Constitución, y que es otro campo donde los avances han sido mínimos. Vadillo subraya que no puede existir un verdadero Estado Plurinacional si no se respeta y se implementa plenamente la justicia indígena en cada uno de los territorios y pueblos. Hasta ahora, este reconocimiento ha quedado mayormente en el plano del debate, sin una implementación efectiva.
“En este sentido, lo que se ha avanzado en quince años de la nueva Constitución es prácticamente cero. Solo se ha avanzado en el debate, en el análisis, pero hay cero implementación y reconocimiento a lo que son los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas. No podrá haber un Estado Plurinacional si no existe esta autonomía. No puede haber un Estado plurinacional si no existe el ejercicio pleno de la justicia indígena en cada uno de estos pueblos y cada uno de estos territorios”, apuntó.
Finalmente, Vadillo resaltó la importancia de discutir la representación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Advierte que los representantes indígenas no deben ser elegidos por partidos políticos, ya que esto compromete su identidad y la representación genuina de sus pueblos. La representación indígena debe reflejar fielmente las voces y las realidades de los pueblos originarios, un tema que, según Vadillo, debe ser abordado con urgencia. (Fundación Tierra)
