La ONG Foro Penal informó este sábado de que ha contabilizado 1.303 arrestos “verificados e identificados”, desde el 29 de julio, día siguiente a las elecciones presidenciales de Venezuela en las que la oposición denuncia un supuesto fraude por el que ha sido proclamado presidente electo Nicolás Maduro.
Entre los detenidos hay además 116 adolescentes –de entre 14 y 17 años–, 14 indígenas, 16 personas con discapacidad y 170 mujeres según la clasificación del organismo, que destaca que el balance incluye las detenciones registradas en el marco de la “represión de protestas en contexto postelectoral” desde el 29 de julio hasta las 10.00 horas del 10 de agosto.
Por regiones, la del Distrito Capital es la que más acumula, con 230; seguida de Carabobo, con 198, y Anzoátegui, con 115 arrestos. Muy por detrás se sitúan Miranda (79), Barinas (73), Lara (70) y Nueva Esparta (67).
“Seguimos recibiendo, verificando y procesando denuncias”, indicó el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, en su cuenta de la red social X.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la victoria de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento, obtenido por la candidatura de González.
Una vez conocidos los primeros resultados el lunes, la oposición salió rápidamente al paso para reivindicar su victoria –que aseguran lograron con más de un 70 por ciento de los votos– y exigir un recuento de actas respaldado a nivel internacional. El propio Maduro ha confirmado unos 2.000 detenidos.
OPERACIÓN TUN TUN
El Gobierno venezolano ha montado una furiosa campaña contra cualquiera que cuestione los resultados declarados de la votación, desatando una ola de represión que, según los grupos de derechos humanos, no se parece a nada que el país haya visto en las últimas décadas.
“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.
El presidente autocrático del país, Nicolás Maduro, se atribuyó la victoria en las elecciones del 28 de julio, pero el gobierno aún no ha facilitado ningún recuento de votos que respalde su anuncio. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados, que muestran que su candidato ha ganado de forma aplastante.
Ahora, según los expertos, Maduro, tras haber sido aparentemente repudiado por la mayoría de sus electores, está empeñado en castigar a quienes considera desleales.
María Vázquez, de 62 años, una vendedora ambulante de Caracas, señala que su hijo agarró una bandera y “participó en un cacerolazo”, pero que no creía que lo condenaran por eso. Vázquez apoya al gobierno e instó a su hijo a no protestar. “Es preocupante”.
El Gobierno venezolano afirma haber detenido a más de 2.000 personas por participar en protestas contra los resultados electorales.
Según las entrevistas con familiares y activistas de derechos humanos que documentaron las detenciones, estas se produjeron tanto en redadas indiscriminadas, en medio de las protestas, como posteriormente en detenciones selectivas en domicilios, cuando el gobierno puso en marcha lo que denominó “Operación Tun Tun”.
El aumento de las detenciones es especialmente alarmante, según los grupos de derechos humanos, porque algunos arrestos se produjeron después de que el presidente instara a sus partidarios a denunciar a sus vecinos a través de una aplicación gubernamental que se suponía que debía utilizarse para informar de problemas como la caída de líneas eléctricas.
“¡Máximo castigo! ¡Justicia!”, dijo Maduro en un mitin el sábado pasado. “¡Esta vez no va a haber perdón!”.
El resultado ha sido una agresiva represión de la disidencia destinada a silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionar los resultados de las elecciones, dijeron los activistas de derechos humanos.
Al menos dos abogados de derechos humanos están en la cárcel, entre ellos uno que fue detenido cuando fue a solicitar información por otros detenidos. A otra activista se la llevaron del aeropuerto de Maiquetía cuando intentaba salir del país.
Cuando las autoridades se presentaron en el domicilio de María Oropeza, una dirigente del partido de la oposición en Portuguesa, al suroeste de Caracas, ella lo transmitió en directo. “Creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento, ¿no?”, se le oye decirle a un agente de policía. “Porque este es mi hogar, una propiedad privada”.
Jordán Sifuentes, alcalde del municipio Mejía, el único alcalde de la oposición en el estado de Sucre, en el noreste de Venezuela, lleva una semana detenido por cargos desconocidos. El alcalde del municipio Lagunillas, en el estado de Zulia, José Mosquera, estuvo detenido seis días tras ser acusado de publicar un tuit contra el gobierno, algo que él había negado.
En los últimos días, activistas de derechos humanos y periodistas se han enterado de que el gobierno ha anulado sus pasaportes, con lo que han quedado atrapados en Venezuela.
La gente sale de sus casas sin sus teléfonos, temiendo que las autoridades los paren en la calle y miren sus mensajes en busca de contenido censurable. Un hombre en Zulia fue detenido después de que la policía encontrara en su teléfono un meme crítico con las elecciones, según su familia.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, una organización de derechos humanos que hace un seguimiento de las detenciones desde las elecciones, dijo que le costaba expresar con palabras la intensidad y el carácter indiscriminado de esta oleada de detenciones.
Aunque el gobierno dice que hay más de 2.000 personas detenidas, Himiob sostuvo que las organizaciones de derechos humanos solo han podido documentar cerca de 1.300 personas detenidas.
Himiob afirmó que aunque Maduro haya mencionado 2.000 detenidos, no parecía ser cierto y que pensaba que eso era una instrucción. “Quiere llegar a esa cifra”, agregó. (Europa Press/NYTimes)