Parte II
El argumento es que habrá mayores recursos para proyectos públicos o créditos para sectores productivos con la supresión del subsidio total o diferenciado. Pero un virtual aumento de precios golpeará a las familias de escasos recursos, que no cuentan con empleo seguro ni ingresos mayores al salario mínimo nacional.
Entonces, el llevar un tema a un referéndum para que la población lo resuelva denota la falta de un programa económico serio, que busque solucionar un problema de forma estructural, pues la subvención a los carburantes es uno de los eslabones del modelo económico que llegó a su fin. Echar la culpa a factores externos, conflictos político-partidarios o fijar los ojos en la aprobación de más créditos externos, que a la larga aumentarán la deuda externa, son salidas que reflotan la inexperiencia en la aplicación de políticas económicas al mando del gobierno.
¿QUÉ HACER?
El desastre económico está cerca porque el Estado llegará en mediano y corto plazo al punto de no contar con dólares para importar gasolina y diésel, lo que paralizará el famélico aparato productivo. Un referéndum para dilucidar este tema no es la solución de fondo al problema, razón por la cual es urgente la implementación de medidas preliminares que reactiven la economía del país.
Todo diálogo entre gobierno y sector privado es plausible, siempre y cuando exista la voluntad política para aplicar los acuerdos a los que se arriben, así sea el cambio del modelo económico. También la atracción de inversión extranjera y nacional debe ser una prioridad nacional.
La aplicación de tecnología de última generación en el sector agrícola para incrementar la producción es necesaria, como alternativa a la explotación de las materias primas. Y la aplicación de incentivos tributarios y la simplificación de trámites en todos los niveles del Estado a favor del sector del turismo.
La eliminación del Impuesto a la Transacción Financiera (ITF), para atraer los depósitos en el sector financiero, permitirá dinamizar el crédito. Asimismo, la reducción del gasto corriente en la administración central, a través de la disminución del presupuesto y el número funcionarios (ministerios, consultores, funcionarios jerárquicos y medios) y la eliminación de las empresas estatales deficitarias.
El autor es periodista, docente universitario.