La Misión de Investigación para Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió ayer el «cese inmediato» de la represión y las detenciones arbitrarias ejercidas por la dictadura tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y ha pedido, además, que se investiguen los hechos de violencia y la muerte de al menos 23 personas.
«El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los Derechos Humanos que están ocurriendo», ha apuntado la misión en un comunicado.
Tras las protestas se desató «una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado», denunció la misión, que destaca que «continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos humanos».
La Misión registró hasta el momento 23 muertes en las protestas, la gran mayoría por disparos de armas de fuego. «En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años», ha resaltado. Estas muertes «deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas», señaló la presidenta de la misión, Marta Valiñas. «Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia», enfatizó.
Además, se han contabilizado al menos 1.260 detenciones según los datos de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%).
La misión destaca que entre las personas detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como activistas de derechos humanos «consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades».
«Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades», en muchos casos objeto de arrestos en sus propias casas tras participar en las manifestaciones.
A los detenidos se les imputan «de manera indiscriminada» por terrorismo, conspiración y delitos de odio, «sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada», según la misión. Además, ha detectado en estos arrestos elementos comunes que las convierten en detenciones arbitrarias y «constituyen graves violaciones al debido proceso», por lo que estas personas quedan desprotegidas ante el sistema de justicia.
«Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar», destacó.
Entre los detenidos hay más de 100 niños, niñas y adolescentes «imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas». «Los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales», ha denunciado la misión.
«La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior», declaró el experto de la misión Francisco Cox.
«Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato», apeló la experta de la misión Patricia Tappatá. «Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares», subrayó.