Frente a la crisis económica que soporta el país, el presidente Luis Arce, en su mensaje por el aniversario 199 de la fundación de la República de Bolivia, anunció varias medidas, además de un Diálogo Nacional, que contará con el sector empresarial y productivo, entre otros, para abordar asuntos económicos muy importantes. Asimismo, mencionó que mediante referéndum la población decidiría sobre la reelección continua y discontinua, los escaños parlamentarios y la subvención a los combustibles. En este último caso, afirmó que “a mayo de 2024, el 58% de la gasolina y el 86% de diésel que consumimos son importados y la situación se agrava por precios internacionales”.
Al respecto, el anterior ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, hizo conocer que se gasta 2.000 millones de dólares para subvencionar la gasolina y el diésel, y que el contrabando de combustibles hacia países vecinos implica la pérdida de 600 millones de dólares. El problema se agravó porque no hubo inversiones en gestiones anteriores para la exploración y producción de hidrocarburos. Dicha autoridad manifestó que desde hace más de 20 años se tiene problemas por la subvención.
Inicialmente, desde la opinión pública se hace notar que la importación de combustibles ha aumentado aproximadamente en un 50 por ciento, como consecuencia de varios factores, como el crecimiento del parque automotor, el contrabando de combustibles y el uso de hidrocarburos en actividades ilegales, como la minería irregular y el narcotráfico. Hay actualmente un crecimiento desmesurado de automotores por el ingreso de los autos llamados chutos, los cuales, particularmente desde el año 2006, cuando el MAS llega al gobierno, han sido favorecidos con varias “nacionalizaciones”, sin pensar en consecuencias futuras.
Y la salida de combustibles a países vecinos se debe a que en el país sus precios son bajos y significa un gran negocio llevarlos fuera de las fronteras, lo que es posible, además, por el débil control fronterizo. Mientras que las actividades ilegales, como la minería ilegal o el narcotráfico, también son favorecidas por la subvención a hidrocarburos y también aprovechan la falta de voluntad gubernamental para combatirlos eficazmente.
Por otra parte, se señala que YPFB tiene el monopolio para la importación de combustibles, sin que hoy tenga la suficiente cantidad de dólares para seguir con esa labor. Por ello se ha autorizado a algunas empresas para que hagan importación directa, sin embargo, desde la población se pide que se libere totalmente la importación de los hidrocarburos que son indispensables para actividades productivas y de comercio.
Como se advierte, eliminar la subvención a los combustibles es una decisión que implica análisis profundo, con datos económicos que solo están al alcance del gobierno nacional, por lo que evadir responsabilidades con el llamado a un referéndum es ilógico. Se olvida que el MAS desde el año 2006 ha dejado crecer el problema, posiblemente obnubilado por la enorme cantidad de recursos económicos que ingresaban al país por la venta de gas al Brasil y la Argentina, pensado que la economía boliviana estaba “blindada”. Pero la realidad demostró lo contrario.
Hoy no bastan medidas paliativas como buscar nuevos pozos de gas, algunas acciones contra el contrabando de combustibles o la aparición de gasolinas especiales, sino que es urgente resolver el problema de gastar más dinero del que se tiene, por el agotamiento de nuestras reservas de gas y porque no hay otra fuente de ingresos económicos de similar envergadura, a pesar de la propaganda oficialista sobre una “industrialización” en ciernes.