Antes de hablar de otro referéndum, veamos cómo han evolucionado los plebiscitos en la era del proceso de cambio, en la que los ciudadanos de bien nos vemos obligados a su cumplimiento total, mientras que ellos solo la parte que les conviene. Recuerde que en diciembre de 2005 ganaron su primera elección, lo que les permitió llegar al poder con la promesa de una mejora en las condiciones de vida de todos los bolivianos, profundización de las libertades y derechos. En julio de 2006 se llevó a cabo elecciones de asambleístas constituyentes para la redacción de la nueva Constitución Política; abusando de su mayoría quería imponerse a toda costa sin mayor consideración, lo que llevó al país a un escenario de inestabilidad social y política en diferentes puntos del país. En enero del 2007 movilizaron huestes para la toma de la entonces Prefectura de Cochabamba, lo que casi termina en una guerra civil, en la que la población tuvo que defenderse por sí misma del lumpen que recibía recursos públicos y apoyo policial.
En noviembre, los conflictos en Sucre obligaron a trasladar a los constituyentes al cuartel de la Glorieta, sesionando solo el oficialismo y traidores de otros partidos, quienes aprueban informes de 21 comisiones y en pleno, convenientemente favoreciendo al MAS. Esto profundizó la indignación chuquisaqueña, dejando un saldo de 3 sucrenses muertos por herida de bala, obligando al repliegue de toda la fuerza policial y a los constituyentes a huir a Oruro, donde se aprueba la CPE sin presencia de la oposición, lo que imposibilitó llevar a cabo un referéndum, pasando la negociación con los prefectos opositores y el Congreso.
En 2008, al no haber avances, el senado aprueba un referéndum revocatorio, tanto para el presidente como para los prefectos, quedando revocados el de La Paz y el de Cochabamba, mientras que en Chuquisaca ganó la oposición. En los meses posteriores, siguió una escalada de conflictos, una estrategia del gobierno que usó a civiles como carne de cañón para contrarrestar las movilizaciones de la oposición, que termina por derrocar al prefecto de Pando, lo que consiguió con la militarización.
En enero de 2009 se lleva a cabo el referéndum que aprueba la Constitución. En las elecciones subnacionales de 2010, dieron golpes a ciertos alcaldes de oposición y a otros se los torció con una serie de procesos legales, demostrando su espíritu dictatorial.
En 2011 implementaron elecciones judiciales, en las cuales apenas participó un 20.3% del electorado, encaramando a magistrados funcionales, quienes terminaron avalando derechos del Ejecutivo en desmedro de la población boliviana, convirtiéndose así en verdugos.
Dichos sicarios, habilitaron a Evo Morales y Álvaro García Linera a un tercer mandato en 2014, cuando la Constitución impuesta establece que solo se permite una reelección de manera continua, bajo la excusa que la elección de 2005 no contabiliza, convirtiéndose en la primera violación a su Constitución.
No contentos con ello, en 2016 se convocó a referéndum para modificar la Constitución, precisamente en el artículo de la reelección, no obstante haber perdido y haber jurado que respetarían el resultado, aunque sea por un voto.
En 2017 se llevó a cabo la segunda elección judicial con un 70% de votos nulos y blancos, en la que el MAS volvió a colocar esbirros, los que violaron nuevamente la Constitución y desconocieron el referéndum de 2016, sentenciando que la relección indefinida es un derecho humano, con lo que permitieron que Evo y Linera vuelvan a candidatear el 2019, quienes al ver que no podían ganar cometieron fraude y terminaron huyendo. Esos mercenarios ya culminaron su mandato, pero siguen en funciones, autoprorrogados al servicio del Ejecutivo.
En el discurso por el CXCIX aniversario patrio, el presidente Arce propuso un nuevo referéndum e inmediatamente, un inescrupuloso allegado, acusado de acoso, interpuso otro amparo constitucional para anular prerrogativas de la Asamblea Legislativa, y así, que pueda convocarse por decreto en las condiciones que mejor les parezca. Mientras que los autoprorrogados, en tiempo récord admitieron el recurso, ¿esa es una muestra de que la decisión de la mayoría será respetada? ¿Con dicho prontuario pretenden llevarnos a un nuevo plebiscito?
Juan Pablo Quiroz es economista.