Recordando que el propio ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció en febrero de este año que la convocatoria a un referendo le compete a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no al Órgano Ejecutivo, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, puntualizó que solo ésta cuenta con atribuciones para modificar parcialmente el texto constitucional y una convocatoria por parte de otro órgano generaría una nueva ruptura constitucional.
“Se quiere desplazar totalmente a la Asamblea Legislativa y además a la Asamblea Constituyente. Este referéndum, al tratar de otorgar poderes constituyentes que el Presidente no tiene, estaría cambiando ‘de facto’ la Constitución”, afirmó el parlamentario en conferencia de prensa.
En ese sentido, el asambleísta paceño recordó que el texto constitucional establece que la ALP es la única instancia con atribuciones para modificar parcialmente el contenido de la ley fundamental, en temas como la reelección presidencial o la distribución de la representación parlamentaria en base a datos del censo.
“Los únicos que pueden llevar adelante una reforma parcial a la Constitución para el tema de escaños y de prohibición de segunda reelección es la Asamblea Legislativa con dos tercios de votos o una Iniciativa Popular Constituyente, con el 20% de firmas del electorado. En ambos casos con un referéndum de salida y no de entrada”, precisó el parlamentario de oposición, reprochando que autoridades de gobierno constantemente traten de violar la norma para seguir avalando a autoridades judiciales ilegales.
Alarcón presentó a la prensa, documentos con las declaraciones del titular de Justicia en febrero de este año, con relación a la posibilidad de convocatoria a un referendo, reconociendo que esta posibilidad solo le compete a la ALP.
“Se necesita un debate para lograr el consenso en la Asamblea Legislativa. Este tema no es un tema del Órgano Ejecutivo, no es un decreto supremo o algo que podamos plantear nosotros autónomamente”, declaró, en ese entonces, la autoridad.
Asimismo, alertó que en caso de que el Gobierno insista en su intención de convocar referéndum, se estarían quebrantando artículos de la Constitución, referidos al número Asambleístas, el tema de la reelección presidencial, la aplicación de los resultados del censo y las reformas concretadas con el referendo del 21F.