La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso un proyecto de Resolución encabezado por Estados Unidos que condena el fraude electoral y la represión ilegal cometidos por Nicolás Maduro en Venezuela.
La iniciativa exige a la dictadura «el respeto de los derechos humanos, la voluntad soberana del electorado venezolano y la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral».
La propuesta de Estados Unidos estaba respaldada por Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay, y tras una ardua negociación logró que Brasil y Colombia aceptaran la condena diplomática a la dictadura.
«Saludamos la aprobación por consenso hoy en el Consejo Permanente de la de la resolución sobre la situación en Venezuela y valoramos especialmente la importancia de los principios y valores que defiende, así como el camino que traza hacia una transición democrática en Venezuela», enfatizó Luis Almagro, secretario General de la OEA, durante su participación en el debate.
Antes de iniciar la sesión extraordinaria, el embajador de Estados Unidos en la OEA, Franc Mora, encabezó una nueva ronda de conversaciones para encontrar un punto de inflexión que permitiera sancionar la iniciativa contra el régimen de Maduro. Tras dos horas de negociaciones, Brasil aceptó sumarse al proyecto tras forzar un cambio inesperado en los fundamentos del proyecto.
Junto a Colombia, el representante de Lula da Silva exigió que se anule cualquier referencia al informe la CIDH -publicado ayer por la OEA- que denunciaba las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ejecutadas por Maduro.
El párrafo eliminado por pedido de Lula da Silva y Gustavo Petro decía: «Reconociendo los informes de violaciones derechos humanos, incluidos aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras las elecciones». Se trató de una situación compleja: dos miembros de la OEA reclamando que no se cite los informes que publica un resorte institucional del propio foro regional.
«Fue un debate arduo. Pero garantizamos el proyecto: lo que vale es el articulado», explicó a Infobae un importante funcionario de la OEA, que conoce todos los secretos de la negociación.
Brasil y Colombia cedieron en sus posiciones al margen del cambio cosmético en los considerandos del proyecto, mientras que México se mostró reluctante ante la posición mayoritaria de la OEA que buscaba una vía diplomática para repudiar a la dictadura de Maduro.
En este contexto, México junto a Honduras, San Vicente y las Granadinas, y Bolivia no participaron de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.
La representación mexicana en el foro regional envió al Consejo Permanente una carta de seis párrafos justificando su ausencia en la cita extraordinaria. La comunicación oficial plantea elusivos argumentos formales y otorga credibilidad institucional al Tribunal Suprema de Venezuela, que es un órgano judicial que responde al régimen populista.
La posición de la Casa Blanca era cuestionada por Brasil, Colombia y México, que protegían sus propios intereses geopolíticos. Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen distintas tácticas para abordar la crisis en Venezuela, pero la suma de sus propias agendas domésticas terminó fortaleciendo a la dictadura de Maduro.
Da Silva tiene una relación tensa con Maduro y propone nuevas elecciones o un gobierno de coalición. Estos planteos son cuestionados en el Departamento de Estado norteamericano y por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los representantes de la oposición venezolana que derrotaron al dictador. Con estas iniciativas políticas, Lula corre a Brasil del bloque de países que presionan al régimen y oxigena a Maduro, que resiste apoyado por China, Rusia, Irán y Cuba.
Petro busca diferenciarse de Lula -disputa su liderazgo regional-, y además de plantear nuevas elecciones y un «gobierno de cohabitación transitorio», propuso una «amnistía general nacional e internacional» para Maduro y sus socios políticos. Esta iniciativa es rechazada por la Casa Blanca y los opositores González Urrutia y Machado.
López Obrador, a diferencia de Lula y Petro, no presentó una hoja de ruta propia y optó por ampararse en el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países para facilitar la permanencia de Maduro en el poder. El presidente de México es un socio silencioso de la dictadura venezolana.
En este contexto, Brasil, Colombia, México, Bolivia, Santa Lucía, Saint Kits y Nevis, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago se movieron en bloque para trabar la sesión que había sido citada con el objetivo de condenar al régimen. Bolivia tiene una mirada ideológica a favor de Maduro y los países caribeños reciben petróleo venezolano a valores insólitos.
Finalmente, a las 16:30 (hora del este), se aprobó por consenso la iniciativa presentada por Estados Unidos. «Reafirmamos nuestro compromiso en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales», afirmó el embajador Mora cuando abrió la sesión extraordinaria.
La posición del representante de la Casa Blanca fue avalada por sus colegas de la Argentina, Canadá, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador y Santo Domingo. En todos los casos se reclamó por las actas electorales para desnudar el fraude electoral y que Maduro termine la represión ilegal en Venezuela.
«Entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas», exigió Washington Abdala, embajador de Uruguay en el foro regional.
El proyecto tiene siete artículos y una redacción liviana para acercar posiciones diplomáticas. La iniciativa, que aprobó hoy en el Consejo Permanente de la OEA, establece:
«1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.
2. Insistir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela así como para todos los Estados de las Américas.
3. Llamar a todas las partes interesadas, actores políticos y sociales, con inclusión de las autoridades en Venezuela, a abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano.
4. Solicitar a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
5. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.
6. Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: (a) publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y (b) respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
7. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y comprometerse a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela».
Tras noventa minutos de debate, la sesión especial concluyó. En el recinto de sesiones hubo una sensación agridulce: satisfacción por la condena al régimen populista y resignación por el tenue tono diplomático.
«Era esto o nada», comentó resignado un representante diplomático del Caribe que batalló para aprobar -por consenso- la resolución contra la dictadura de Maduro. (Infobae)