A pesar de que la consulta directa a la población sobre temas importantes es un instrumento democrático, puede ser utilizado para eludir responsabilidades por parte del gobierno de turno o para validar de alguna manera a un gobernante que es cuestionado por su accionar al mando de la nave del Estado. En ese sentido, hace poco el presidente Luis Arce anunció un referéndum para tratar los casos de la reelección presidencial, la subvención a los combustibles y la distribución de escaños legislativos. Son temas de indudable importancia y que podrían ocasionar conflictos sociales si no son atendidos de manera oportuna y eficaz.
Frente a partidarios del oficialismo que aplauden esta iniciativa presidencial, surgen desde la sociedad civil varios cuestionamientos, como el del economista Juan Pablo Quiroz, que en una nota titulada “Prontuario plebiscitario”, publicada en este medio de comunicación el pasado 14 de agosto, hace un recuento de lo que pasó en anteriores ocasiones cuando el gobierno del MAS recurrió a la consulta popular.
Según algunos datos de dicho texto, en julio de 2006, cuando se debía elegir asambleístas constituyentes para redactar una nueva Constitución Política, la mayoría masista trató de imponerse, causando inestabilidad social y política. En enero de 2007, masistas trataron de tomar la Prefectura de Cochabamba, lo que casi origina una guerra civil. En noviembre, por los conflictos en Sucre los constituyentes sesionaron en el cuartel de la Glorieta, solo con el oficialismo y desleales de otros partidos, aprobando todo lo que favorecía al MAS. Por el malestar social en Chuquisaca hubo muertos y los constituyentes en Oruro aprobaron la CPE sin presencia de la oposición.
En 2008, se organiza un referéndum revocatorio para el presidente y los prefectos, siendo revocados varios de oposición. En enero de 2009 con referéndum se aprueba la Constitución. En 2017 se llevó a cabo la segunda elección judicial con un 70% de votos nulos y blancos, en la que el MAS volvió a colocar a sus afines, quienes violaron la Constitución y desconocieron el referéndum de 2016, dictaminando que la relección indefinida es un derecho humano, por lo que Evo Morales y Álvaro García Linera volvieron a candidatear en 2019, pero al ser descubierto el fraude electoral, huyeron del país.
Estas y otras experiencias ponen en duda que la decisión de la mayoría de la población sea respetada. Tales antecedentes demuestran que el régimen del MAS llama a consulta popular solo cuando no encuentra soluciones para problemas que pueden derivar en graves conflictos sociales por descontento ante la inoperancia gubernamental. En el fondo, sigue la política del “meterle nomás” y solo en apariencia “se gobierna escuchando al pueblo”, porque, al final, de nada valen las opiniones que surgen desde la sociedad, muchas de las cuales provienen de entendidos en economía y otras materias.
Consulta popular solo cuando no hay remedio
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