Debate jurídico por el referendo es inservible

Asegurando que la propuesta del Gobierno sobre convocar a un referéndum para definir temas como la reelección, escaños parlamentarios y la subvención a los hidrocarburos, es un capítulo más en la disputa interna del Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, afirmó que el debate jurídico en torno a esta posibilidad es improductivo e innecesario.
En criterio del legislador, representante de la capital del Estado, tras la propuesta del presidente Luis Arce, hacer estas consultas a la población, se ha desatado un “debate jurídico” improductivo e inservible sobre la legalidad y las formalidades que debe seguir este proceso, sin tomar en cuenta que se trata de una acción política que debe ser respondida de la misma forma.
“El referéndum, en su debate jurídico, es inservible. El Gobierno ha tomado una decisión política de plantear esta consulta, no se hubiera llegado a esta situación si no hubiera una disputa en el Movimiento al Socialismo, porque nunca le han preguntado al boliviano que es lo que tiene que suceder”, indicó.
Según Pedrazas, es en este punto que la oposición debe asumir un papel fundamental generando conciencia en la población, en lugar de contribuir en debates intrascendentes que solo polarizan y niegan la posibilidad de generar corrientes de opinión que respondan de forma contundente a los planes del Gobierno al momento de plantear este tipo de consultas.
“Para mí, la oposición lo que tiene que hacer es empezar a trabajar en esa respuesta política, pero sobre todo, tenemos que generar conciencia en la población, no hay que tener miedo de ir a responder preguntas”, dijo.
Asimismo, el legislador chuquisaqueño adelantó la posibilidad de que el referendo anunciado por Arce, el pasado 6 de agosto, no consiga el efecto esperado y termine teniendo un “efecto boomerang”, al no obtenerse las respuestas que sus ideólogos esperaban.
“Cuidado esas preguntas tengan un efecto no esperado y termine siendo el remedio peor que la enfermedad”, advirtió.
Para finalizar, Pedrazas reiteró que los “debates jurídicos” que en la actualidad se producen entre Asambleístas y políticos de diferentes fuerzas, son innecesarios e improductivos porque, en el fondo, se trata de “un tema político que necesita de respuestas políticas”, concluyó.
El pasado 6 de agosto, durante su mensaje a la nación por el 199 aniversario de la independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora, planteó convocar a un referéndum para definir si se mantiene o no la subvención a los hidrocarburos, asimismo, consultar temas como la redistribución de escaños parlamentarios en base a los resultados del censo y precisar el carácter de la reelección presidencial.
“Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas y de seres humanos que no desfallezcan ante las adversidades, y este es precisamente un momento de esta naturaleza. Por tal motivo, y fiel al compromiso con la Patria, con el pueblo y por vías democráticas, convoco a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las Elecciones Judiciales”, dijo Arce.
El primer mandatario argumentó que “es momento que el pueblo junto a su Gobierno escojamos el camino que deseamos transitar de cara al Bicentenario” para superar los problemas vinculados al abastecimiento de diésel, productos de varios factores, así como también el problema vinculado a los dólares, que, dijo, “están siendo utilizado políticamente por parte de algunos grupos para generar escenarios de convulsión”.
A partir de ese momento, el debate político se centró en la pertinencia de esta consulta popular y si el Órgano Ejecutivo está facultado para convocar a un referéndum de estas características.
Esta semana, parlamentarios de oposición recordaron que, anteriormente, el propio ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció que la convocatoria a un referendo le compete al Parlamento y no al Órgano Ejecutivo. Asimismo, se puntualizó que solo la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con atribuciones para modificar parcialmente el texto constitucional, por lo que una convocatoria por parte de otro Órgano generaría una nueva ruptura constitucional.
“Se quiere desplazar totalmente a la Asamblea Legislativa y además a la Asamblea Constituyente. Este referéndum, al tratar de otorgar poderes constituyentes que el Presidente no tiene, estaría cambiando ‘de facto’ la Constitución”, afirmó el diputado paceño Carlos Alarcón.
Agregó además que, en caso de que el Gobierno insista en su intención de convocar referéndum, se estarían quebrantando artículos de la Constitución, referidos al número Asambleístas, el tema de la reelección presidencial, la aplicación de los resultados del censo y las reformas concretadas con el referendo del 21F.
Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de Justicia, Iván Lima, justificó la convocatoria a referéndum del presidente Arce, asegurando que la consulta estará blindada jurídicamente para dar certezas al país sobre los temas a ser definidos.
De acuerdo con la autoridad, el artículo 16 de la ley 026, de Régimen Electoral, establece que la consulta popular puede ser adoptada por iniciativa Estatal, es decir, por el “Presidente del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo”.
“Vamos a blindar ese referéndum para que se cumpla, para que no sea una repetición del 21 de febrero de 2016, que al final, no fue cumplido por Evo Morales”, sostuvo Lima,
Respecto a las preguntas planteadas por el primer mandatario, la autoridad informó que estas deberán seguir mecanismos constitucionales y legales en diferentes instancias como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).