Hace poco se ha firmado un acuerdo entre el Gobierno nacional y el sector empresarial del país, sin la presencia de representantes importantes como la CAO. El cual se ha centrado en el establecimiento de medidas más de mediano y largo plazo en áreas de inversiones, comercio exterior, hidrocarburos, y otros, donde la base y eficiencia de las mismas dependerán sobre todo de los créditos externos. Las políticas estructurales, al menos las fiscales, brillaron por su ausencia.
“Más paja que trigo”, sería una buena definición de este acuerdo, ya que se tenía muchas expectativas, las cuales no fueron colmadas ni para los sectores firmantes y menos para la población en general. Estas medidas no son una respuesta clara y oportuna para las demandas de nuestra economía en cuanto al desabastecimiento de carburantes, escasez de dólares y una pérdida notaria del poder adquisitivo de nuestra moneda.
Comparto lo que dijo el presidente de los empresarios bolivianos “lo peor hubiera sido no hacer nada”, pues casi hicimos eso. Este convenio da una sensación de poco, donde ambos sectores cuidaron sus espaldas y velaron por sus intereses, pero no así del ciudadano común, era de esperarse. Ahora, inclusive el sector privado tendrá que hacer una presión (gestión) para que la Asamblea apruebe créditos externos, que será el flujo de divisas que ellos tanto necesitan.
Se pude hablar mucho del tema y, por supuesto, tener visiones diferentes, pero algo que es seguro es que cuando vayamos al mercado o la feria a comprar nuestros tan necesarios productos, las caseritas no se fijarán en rostros o cargos, si eres gobernante o gobernado, empresario o fabril, igual te venderán con el mismo precio, uno que semana a semana está subiendo más, porque hasta ahora no fueron tomadas las acciones pertinentes. Solo se dio oxígeno al gobierno y una palmada en la espalda a los empresarios.
Lo positivo, hubo dialogo y un acuerdo entre públicos y privados. Lo negativo, la población no encontró las soluciones esperadas, así que tendrá que seguir ajustándose los cinturones.
El autor es Presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.