La misión de la ONU que investiga posibles abusos en Venezuela denunció ayer, “la falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), poniendo en duda que puedan pronunciarse de manera justa después de la controversia abierta tras las últimas elecciones presidenciales.
La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela, avalada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló en una publicación en redes sociales que ambas instituciones venezolanas participan también en la “maquinaria represiva” del Estado.
En esta publicación, previa a la sentencia del TSJ que avala la supuesta victoria de Maduro, los observadores internacionales criticaron la “injerencia indebida” del gobierno, que habría modificado las leyes para asegurarse el control político del Supremo.
En este sentido, recordaron que tanto la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, como el máximo responsable del CNE, Elvis Amoroso, militaron y ejercieron cargos dentro del partido oficialista. Amoroso, en su anterior cargo como Contralor General, fue responsable de la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA
Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela consideró válidos los resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dieron como vencedor al actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La Sala Electoral del TSJ certificó “de forma inobjetable” el material del CNE y, por tanto, considera a Maduro como presidente electo de Venezuela para el período 2025-2031, pese a las acusaciones de fraude vertidas por la oposición, que reclamó la difusión de las actas.
Los magistrados concluyeron que no hay discrepancias entre los datos de las máquinas de votación y los datos facilitados por CNE, lo que permite “convalidar” los resultados y abre un nuevo capítulo en un proceso que la oposición ya consideraba sesgado desde un inicio, habida cuenta del control del chavismo sobre los diversos poderes.
El Supremo ordena además trasladar “de manera urgente” al fiscal general, Tarek William Saab, la información recabada ante la posibilidad de que durante el proceso puedan haberse cometidos delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, instigación a la desobendiencia o conspiración.
La oposición contrarrestó la ausencia de datos públicos por parte del CNE, difundiendo en Internet unas actas que acreditarían la victoria de su principal candidato, Edmundo González Urrutia, que asumió el liderazgo de la campaña ante la persistencia de la inhabilitación política a María Corina Machado, vencedora de las primarias.
Asimismo, la sentencia leída por la presidenta del Tribunal, Caryslia Rodríguez, en presencia de ministros del Gobierno de Nicolás Maduro, apuntó a posibles delitos informáticos, insistiendo en que el CNE fue víctima de un ciberataque “masivo” en plena jornada electoral.
Rodríguez aprovechó para resumir el proceso que ahora deriva en esta sentencia, que incluyó citaciones a todos los candidatos. González Urrutia no acudió a la sede del Supremo, según la jueza “en franco irrespeto a la autoridad judicial”. (Europa Press)