Vía crucis electoral y lista de preelegidos

Es oportuno recordar que en 2006 una Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre se encargó de la redacción de una nueva Constitución Política, la cual fue aprobada en 2007 y modificada por el Congreso Nacional en 2008. Mediante referéndum constitucional, fue aceptada con más del 60% de votos. Promulgada en 2009, desde entonces está vigente.
Es posible considerar que los ideólogos, teóricos, parlamentarios reformadores que participaron en ese proceso, hicieron todos los esfuerzos imaginables para concebir, en un caso, la elección de magistrados del Órgano Judicial por voto popular, medida que posiblemente entre en aplicación por tercera vez en el país.
El ingenioso nuevo sistema dictamina que los nuevos magistrados “serán elegidos mediante sufragio universal”. Sin embargo, de inmediato señala que los postulantes serán preseleccionados por comisiones parlamentarias y, después, los candidatos recién serán elegidos por el pueblo. Es más, antes de la elección, los candidatos serán mostrados a la opinión pública en publicaciones de prensa.
Pese a las facilidades que parecieran tener esas elecciones, en la última oportunidad, este tratamiento duró más de un año, en medio de grandes escándalos y, ¡por fin!, el engendro deberá ser puesto en práctica, en fecha prevista. La característica más sobresaliente de este proceso es que previamente el pueblo no fue consultado sobre la elección por voto universal, ni acerca de la preselección de los postulantes por parlamentarios. A toda esa complejidad se denomina “transparencia”.
A esa altura del proceso, una articulación de instituciones, redes, plataformas y colectivos, conocida como la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, nacida en el año 2017, con respaldos legales, el domingo pasado publicó en EL DIARIO una separata con las fotos, antecedentes personales y propuestas de los postulantes al Órgano Judicial. Agrega que cuando se llamó a los postulantes, se presentaron 717, de los que solo 139 fueron preseleccionados para distintos organismos judiciales.
Sin embargo, por la cantidad de los candidatos preelegidos resulta muy difícil llegar a las masas populares y menos inducirlas a escoger a los postulantes de su preferencia, por lo que este escollo es casi imposible de superar, lo que haría que primen los votos no válidos o simplemente muchos no asistan a las urnas. A todo eso se suman otros factores, como la decepción general por el sistema de voto universal, por la pintoresca preselección de candidatos en el Legislativo y, sobre todo, por el fracaso de dos anteriores elecciones de magistrados. Y es que, al final, la justicia quedó dependiendo del Poder Ejecutivo y se caracterizó por su inoperancia y corrupción.