Cada quien juzgará si los acuerdos serán eficaces, y si alcanzarán ser suficientes para aminorar los problemas que crecen. Sin embargo, la imprecisión y ambigüedad en la redacción de varios puntos, dificulta identificar la responsabilidad de cada suscriptor. Algunos conceptos son claros, otros son imprecisos (hasta llegan a ser confusos); en la hora de evaluar resultados, cada parte tendrá que rendir cuentas de cuanto debía hacer y lo que efectivamente hizo (o no), sin acusarse mutuamente de no haber cumplido, como sucede a menudo.
Después de prolongadas reuniones entre el gobierno de Luis Arce y el empresariado nacional (con notables ausencias), fueron aprobados 17 nuevos puntos (sumados a los 10 acordados en el mes de febrero). Aunque en algunos puntos podría entenderse que las acciones citadas son conjuntas, dejan al mismo tiempo la impresión de que son solamente puntos de vista compartidos; otros son claramente específicos, indican a quién le corresponde la ejecución; no faltan los ambiguos que invitan a ser suspicaces por su falta de claridad. No sirven los sobreentendidos, disuelven los contenidos.
Así, por ejemplo, los puntos del uno al siete expresan:
1.- Reconocemos la importancia del financiamiento externo (…), necesitamos la aprobación de créditos pendientes en la ALP.
2.- Gestionaremos nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales para seguir robusteciendo nuestras finanzas (robustos estamos, según los empresarios).
3.- Atenderemos la demanda de dólares a través del sistema financiero, (quieren decir por los bancos) cumpliendo (¿primero, o al mismo tiempo?) los compromisos sobre créditos y financiamientos externos.
4.- Ratificamos que la importación directa de combustibles (…) está permitida y amparada en la normativa vigente. (Por enésima vez, se reitera lo mismo, como si los empresarios esperaban ser ratificados).
5.- Seguiremos firmes en la lucha contra el contrabando, protegiendo así la economía nacional y a nuestros productores.
6.- Impulsaremos las exportaciones con valor agregado (¿las materias primas como soya, granos, minerales o maderas no? No llevan valor agregado), asegurando el abastecimiento interno y aumentando nuestras las ventas al exterior.
7.- Crearemos la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones para fomentar inversiones y exportaciones estratégicas (todo lo estratégico es del Estado, ¿para qué sería una nueva burocracia con el nombre de Agencia?).
8.- Se consensuó (…) un programa de financiamiento a exportadores de Bs 2.500 millones para capital de operaciones sujeto a contratos de exportación (solo con contratos de venta, las operaciones en las Bolsas, por ejemplo, no).
9.- Se trabajará (el compromiso es impersonal; ¿por qué no dice trabajaremos?), en una comisión técnica para analizar (seguramente las posiciones arancelarias que serán incluidas), la reducción selectiva y de carácter temporal de los aranceles para fomentar la industria y producción nacional con valor agregado (solo para equipos e insumos para agregar valor, ¿y para otra maquinaria no?, así se entiende).
10.- Se fomentará (nuevamente una expresión impersonal) la inversión en la generación de energías alternativas y amigables (…) y con el objetivo de su exportación a países vecinos. (¿Se refiere inversión nacional o extranjera?)
11.- Con el fin de fomentar e incrementar las inversiones en el sector de hidrocarburos, el Ministerio del Área viene trabajando (lo viene haciendo desde hace meses, era la hora de fijar un plazo) en un proyecto de ley que permitirá promover la exploración y explotación en el sector privado (…). Este trabajo se impulsará de manera conjunta con el sector empresarial privado, para ello, el sector privado (¿por qué no el gobierno también?), realizará las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes (sería mejor decir “ante la ALP”, como en el punto 1), para la aprobación de esta ley. (¿Se permitirá también la inversión extranjera directa?).
«No sirven los sobreentendidos, disuelve los contenidos».
El autor es periodista.