La Asociación de Surtidores (Asosur Nacional) rechazó enfáticamente la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de nacionalizar los surtidores privados. Esta demanda lo único que hace es amenazar la seguridad jurídica y la libre iniciativa privada, esenciales para un Estado de Derecho.
La actual crisis económica que vive el país y la falta de decisiones técnicas, provoca agudización de la crisis, que se refleja en la escasez de combustibles, en especial diésel, por falta de dólares, cuya situación generó un alza general de los productos nacionales e importados.
La Central Obrera Boliviana (COB) operador político del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobierno el país, lanzó hace poco una propuesta de control de divisas a los exportadores, y ahora la nacionalización de los surtidores que venden combustibles.
Los economistas ya indicaron en su momento que las decisiones políticas sólo afectan a la economía nacional, ya que se toman en momentos en que el país requiere acciones técnicas para encarar la crisis.
COMUNICADO
“Estas declaraciones irresponsables, lejos de solucionar la situación económica de nuestro país, no solo ponen en peligro la inversión de empresarios bolivianos dedicados a la comercialización minorista de combustible, sino también, afecta directamente al índice de riesgo de inversión en Bolivia, ahuyentando futuras y potenciales inversiones que en estos momentos críticos tanto se requieren para generar mayores fuentes de empleos y recursos económicos para el Estado”, señala la Asociación.
En reiteradas oportunidades economistas han señalado que el riesgo país va en aumento, debido a las malas decisiones del gobierno en materia económica, política y social, y está cerca de Venezuela, lo que frena la llegada de capitales extranjeros.
Por otra parte, Asosur aclara a la opinión pública que los surtidores privados realizamos la tarea de comercializar el combustible que nuestro único proveedor mayorista pone a nuestra disposición.
Asosur Nacional insiste en que la solución a los desafíos del sector energético debe pasar por un diálogo sincero, constructivo y políticas que promuevan la cooperación entre el sector público y privado.