Se creía, hace más o menos 40 años, que el sistema democrático sería la panacea para solucionar problemas sociales, económicos y políticos, heredados de gobiernos espurios, que proliferaron hasta 1982. Circunstancia que significó la transición pacífica hacia el mundo de la libertad. Lo cierto es que la ciudadanía se había liberado de las restricciones impuestas por los “salvadores”.
Sistema que generaría fuentes de empleo, respetaría las libertades ciudadanas y los derechos humanos, construiría un país competitivo y con oportunidades. Que acabaría con la pobreza y extrema pobreza; con el narcotráfico que empañaba la imagen de Bolivia; con el contrabando, que promovió en la pasada gestión “un movimiento económico que alcanzó a 3.331 millones al año. A eso se debe sumar la amenaza a las 39.000 industrias de diferentes sectores económicos, así como a más de 600 mil fuentes de trabajo. No hay rubro o sector que no sienta el impacto del contrabando” (1), aseguró la Cámara Nacional de Industria (CNI).
“Hoy encontramos en la búsqueda de la realización personal en el marco de la convivencia pacífica y plural, a la voluntad asociada con la racionalidad. Y ahora sí –sin soberbia, pero con osadía e imaginación– podemos decidir por nosotros mismos e ir plantando a paso firme y sosteniendo las semillas de una sociedad distinta, de una sociedad mejor” (2), afirmó el ex presidente argentino Raúl Alfonsín, en los años 90.
En Bolivia se ha cumplido en parte con tales postulados, pero en la mayoría de los casos se ha frustrado el deseo de construir una “sociedad mejor”. El sistema político actual está lejos de dicho objetivo. Manipulado, además, por intereses particulares, que incidieron en alguna ocasión en desconocer la voluntad popular. El afán de perpetuarse en el Poder, emulando a nefastos gobernantes, originó tal postura.
Hoy la crisis económica, resultado del bajón de ingresos, golpea a diferentes sectores de la población, mientras los partidarios del sistema político actual se enfrascan en pugnas internas, propias del canibalismo político. Asumen actitudes distraccionistas, anunciando consultas populares, bloqueos y otras medidas, por desesperación o cálculo político, en una coyuntura de elevación de precios de alimentos, escasez de combustibles y dólares, que refleja el problema económico estructural del país. Solo por satisfacer apetitos mezquinos, se empeñaron en electoralizar el presente, ignorando el clamor ciudadano, que exige estabilidad económica. Si no se logra ese requerimiento, particularmente quienes viven con escasos recursos, no soportarán la carestía de los componentes de la canasta familiar. ¿Volverá la UDP?
En suma: habría que humanizar el sistema político actual.
NOTAS
(1) “Contrabando afecta en más de $us 900 millones al Estado”. EL DIARIO, La Paz – Bolivia, 20 de septiembre de 2023.
(2) “Agenda para la consolidación de la democracia en América Latina”. Impreso por Varitec S. A., San José – Costa Rica, 1990. Pág. 545.