Juicio a Sánchez de Lozada ingresa a fase de alegatos finales

Tras una acción de inconstitucionalidad rechazada, el juicio de responsabilidades contra el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus exministros se reanudará este martes 3 de septiembre con la fase de alegatos finales, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).
El Tribunal de Juicio de Responsabilidades rechazó el recurso “dilatorio” promovido por la Defensa Técnica, “determinando la prosecución de la causa y reanudación del Juicio Oral, Público y Contradictorio para el próximo martes 3 de septiembre de 2024”, se lee en un comunicado de la PGE.
Con esta decisión, se agotará la prueba testifical de descargo para así ingresar a la fase de alegatos finales previos a la sentencia definitiva, la cual es espera pueda ser condenatoria, agregó la Procuraduría.
La entidad gubernamental mencionó que busca que este caso se convierta en un “mensaje inequívoco” y un “precedente contra la impunidad en actos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos”, por lo que se busca lograr una reparación civil de los daños gracias a los que se habría favorecido a las empresas petroleras en desmedro de los intereses del Estado.
EL CASO
El caso Petrocontratos inició en 2005 en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, sus exministros, Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar y otras exautoridades, quienes fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Aunque el expresidente y sucesor de ‘Goni’, Jorge Quiroga Ramírez, fue inicialmente acusado, fue luego excluido del proceso gracias a una amnistía otorgada por el también exmandatario, Evo Morales, en 2018.
De 106 contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas de hidrocarburos, 52 fueron firmadas durante la gestión de Sánchez, entre 1993 y 1997, mientras que 49 se las hizo durante el gobierno del expresidente Hugo Bánzer, cuatro en el de Jorge Quiroga y uno en el de Carlos Mesa.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, ninguno de estos “petrocontratos” se realizó con la supervisión del entonces Congreso Nacional, ahora denominada Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).